l titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Dionisio Pérez Jácome, anunció ayer la decisión de la dependencia de rescatar la banda de frecuencias radioeléctricas de 2.5 gigahercios (GHz) –reconocida en el ámbito internacional como propicia para las aplicaciones móviles de banda ancha, lo que se conoce como Internet de cuarta generación–, argumentando que se encuentra subutilizada por sus concesionarios actuales, entre los que se encuentra el grupo MVS Telecomunicaciones. La medida implica retirar los títulos de concesión en manos de esa y otras compañías del ramo, algunos de los cuales vencían en 2018, y someter dicha franja del espectro radioeléctrico a una nueva licitación.

Debe recordarse que MVS –concesionaria de 90 por ciento de las frecuentas de la referida banda, que originalmente se destinó para ofrecer televisión restringida por señal de microondas– había manifestado desde hace años la intención de renovar los títulos correspondientes, con la finalidad de ofrecer, a través de ese espacio y en alianza con otras empresas de telecomunicaciones (Clear Wire, Alestra e Intel) el servicio de banda ancha móvil a bajo costo. No obstante, y pese a un pronunciamiento de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en agosto de 2007 en favor de la prórroga de los títulos de concesión referidos, la SCT se negó a avalar la petición y, según puede apreciarse a partir del anuncio de ayer, decidió incluso ir más allá y privar a la compañía de los títulos aún vigentes.

Tan incuestionable como la rectoría del Estado sobre el espectro de frecuencias radioeléctricas –un bien público y extensión del territorio nacional– es el precepto de que el manejo de las telecomunicaciones por las autoridades, para ser efectivo y favorable al bien común, debe realizarse de manera imparcial y apelar a criterios técnicos más que políticos.

Sin embargo, la decisión anunciada ayer por Pérez Jácome reviste aspectos cuestionables, tanto en la manera en que ha sido adoptada y presentada como en sus implicaciones. En primer lugar, llama la atención el contraste tan marcado entre la determinación referida y el perfil ideológico abiertamente proempresarial del grupo gobernante, que ha sido tradicionalmente crítico de las expropiaciones realizadas por otros gobiernos y que ahora, sin embargo, se involucra en una medida similar, por más que la disfrace con eufemismos como rescate. Es igualmente inexplicable que la recuperación de la banda 2.5 GHz se anuncie ahora, cuando quedan menos de cuatro meses para que termine la presente administración federal, habida cuenta de que las autoridades del sector poseían información sobre la evolución tecnológica de dicha banda desde hace un lustro. Por lo que hace al choque de criterios entre el referido pronunciamiento de la Cofetel en agosto de 2007 y la determinación que ahora adopta la SCT, éste difícilmente puede explicarse sin la abierta presión ejercida durante todo este tiempo por Televisa y sus personeros, a fin de evitar la extensión de títulos de concesión solicitada por MVS.

Más allá de los eventuales daños generados a dicha entidad privada y de las implicaciones del anuncio de la SCT para la tan cacareada certidumbre jurídica de los inversionistas, la decisión derivará en una afectación social importante, en tanto que cancela el ingreso de nuevos competidores al mercado –aún incipiente en nuestro país– de la Internet de última generación, y refuerza, de esa manera, las posiciones de los concesionarios actuales. Es significativo que el rescate de la banda 2.5 GHz se dé a unos meses de que las autoridades reguladoras de la competencia económica avalaron la alianza corporativa entre Televisa y Iusacell, la cual, entre otras cosas, permitirá al duopolio empresarial de Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas prestar el mismo servicio que se le negó a MVS y a sus empresas asociadas y acceder, de esa manera, al llamado cuadruple play (Internet, televisión, telefonía fija y telefonía móvil).

Más aun: no es descabellado suponer que el eventual proceso de licitación de las frecuencias de la banda 2.5 GHz termine por favorecer a aquellos actores con la capacidad económica y técnica para operar ese tipo de servicios a gran escala; es decir, a quienes actualmente detentan una posición de dominancia en las telecomunicaciones de nuestro país.

Es claro, por último, que semejante escenario no sólo transitaría en sentido contrario de la apertura y el incremento de la competencia de ese estratégico sector y, en consecuencia, del interés de los usuarios: afectaría también, el desarrollo democrático de la nación, en la medida en que incrementaría el vasto poder fáctico e indebido de los grandes conglomerados de las telecomunicaciones, su capacidad de presión sobre autoridades y representantes populares, y su tendencia a limitar la libre expresión y el derecho a la información de la sociedad.