Amnistía Internacional (AI) sostuvo que el gobierno mexicano, al incumplir con la obligación de consultar a los pueblos indígenas los proyectos de desarrollo –carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras, entre otros– que realizan en sus tierras, crea un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en un malestar social y conflictos.

El gobierno mexicano y los latinoamericanos continúan negándoles el derecho a participar en decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras para su supervivencia cultural, asentó la organización en el informe Los gobiernos deben dejar de imponer proyectos de desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas.

En el contexto del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo expuso que el derecho a ser consultados, recogido en diversas normas internacionales de derechos humanos, es clave para los pueblos indígenas, que mantienen una especial relación con su territorio y su medio ambiente.

A manera de ejemplo, destacó el caso de los wixárikas (huicholes) quienes piden al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta –mejor conocido como Real de Catorce–, en San Luis Potosí, por ser fundamental para su herencia cultural, las tradiciones y las formas de vida.

La comunidad indígena ha advertido que sus peregrinaciones y ceremonias tradicionales que realizan cada año en Wirikuta peligran con los proyectos mineros desarrollados en su territorio.

Amnistía Internacional destacó que los wixárikas no han sido consultados sobre esos proyectos. Aunque el gobierno anunció recientemente la cancelación de algunas concesiones mineras en una pequeña zona de Wirikuta, muchas otras siguen en vigor, y la mayor parte del territorio continúa abierto a las actividades extractivas.

Situación similar afrontan pueblos indígenas de Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Argentina, cuyas comunidades no son consultadas para la construcción de carreteras, presas y proyectos mineros, entre otras.

La organización internacional recomendó a los gobiernos demostrar su voluntad política de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de los indígenas. Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas en las etapas más tempranas posibles de los procesos de toma de decisiones que les afectan. Sin embargo, con frecuencia inician los procesos de consulta una vez tomadas las decisiones importantes, lo cual impide que los pueblos indígenas tengan una verdadera oportunidad de influir en el resultado.

Los gobiernos deben realizar las consultas en las comunidades que serán afectadas por los diversos proyectos de desarrollo y conseguir su consentimiento libre, previo e informado antes de tomar decisiones. La consulta debe realizarse de buena fe y de acuerdo con los procesos de toma de decisiones de las comunidades afectadas, sus valores y sus tradiciones. Deben incluir mecanismos de vigilancia, aplicación y notificación de quejas.

También deben asignar recursos suficientes para que las consultas se realicen eficazmente y para garantizar que no se excluye del proceso a los miembros de la comunidad por motivos de distancia, de analfabetismo en un idioma o cualquier otra circunstancia.

Sostuvo que las empresas no deben efectuar proyectos que puedan afectar a los pueblos indígenas si los gobiernos no han respetado el derecho de consulta y de consentimiento libre, previo e informado tal como establecen las normas internacionales.