El Poder Judicial del estado de Nuevo León, a cargo de la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, ha utilizado empresas fantasma para el desvío de recursos, bajo el concepto de suministro e instalación de sistemas de control de accesos de los seis pisos de la controvertida Torre Meridiano, cuya renta mensual asciende a tres millones de pesos obligados a 54 meses en favor de un particular.

La empresa fantasma beneficiada con siete millones 375 mil pesos se llama SM Telcom (Servicios Monterrey Telecomunicaciones, SA de CV) ubicada en Matamoros, Tamaulipas, en la avenida Las Plazas, Número 80, en el Fraccionamiento Las Arboledas, una zona residencial de clase media.

De acuerdo con vecinos, en esta casa sin habitar no ha existido nunca una empresa o negocio que incluya movimiento comercial. El inmueble marcado con el número 80 colinda con la casa del 82 con el nombre de Constructora Lazo, SA de RL de CV, según consta en el directorio. Ambas casas están intercomunicadas, recibieron créditos del Infonavit y carecen de rótulo o anuncio que las identifique como giros comerciales.

El pago de más de 7 millones de pesos se realizó en tres exhibiciones, según consta en las facturas 5686, 5932 y 6043 a las que ha tenido acceso La Jornada, con sus respectivas órdenes de compra y polizas de transferencia del dinero. La orden de suministro fue elaborada con fecha 2 de mayo de 2011, con el número de requisición 27021 y rápidamente al día siguiente entregó la factura al Poder Judicial, según consta en el sello del documento.

Seis días después, el Poder Judicial por conducto de Francisco Medrano Guerrero, Sergio Morales Alanís y Reyvel Medina Reyes, este último director de Administración y Tesorería, capturan, ejecutan y aplican en favor de la supuesta empresa Servicios Monterrey Telecomunicaciones, SA de CV, a través de una transferencia de Banorte, la cantidad de 3 millones 346 mil 444 pesos, como 50 por ciento de anticipo, por el suministro de cámaras de circuito cerrado.

La primera operación y la segunda por valor de 682 mil 123 pesos se hizo durante el mandato del magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, pero la tercera, por más de 3 millones de pesos, fue realizada el 15 de agosto, cuando ya había tomado posesión Graciela Buchanan, actual presidenta del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, quien debió autorizar el pago.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios en el artículo 82, fracción II, la dirección de Administración o bien la Oficialía Mayor debieron haber realizado visitas a las instalaciones de la supuesta empresa, para solicitar muestras o realizar pruebas de las diversas compras.

La salida del magistrado Mancillas Ramírez, ex presidente del Poder Judicial y del Consejo de la Judicatura, quedó marcada por la sombra de la corrupción, luego que se reveló en los medios que a seis meses de dejar su puesto estrenó una residencia valorada en más de un millón de dólares en el exclusivo sector Colonial San Agustín, de San Pedro Garza García: Yo no tengo ningún tema de corrupción. Es mentira lo de la casa. Yo no sé nada, dijo en entrevista con La Jornada.

La actual presidenta Graciela Guadalupe Buchanan Ortega tenía como fecha límite el 1º de agosto para ordenar a la contraloría interna investigar el caso, pero no lo hizo: No tengo por qué investigarlo... Yo no sé si se sacó la lotería, comentó al término de su primer informe de labores donde aseguró que el sello de su mandato es precisamente la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial.

Cuestionada sobre las facturas de empresas fantasma para desvío de recursos del erario a través del Poder Judicial, lo cual significa la existencia de una red de corrupción, se defendió, visiblemente nerviosa, diciendo que ella vivía modestamente: Obviamente si me las traen, es la Contraloría Interna la que investiga. Ustedes pueden ir a ver mi casa... He pedido que quienes cometan actos de corrupción los denuncien... No debemos tolerar que haya corrupción.

Denuncia necesaria

La magistrada aclaró que no puede actuar con base en reportes periodísticos, sino en denuncias concretas ante la autoridad correspondiente: Si no llega la denuncia no podemos actuar. A nosotros lo que nos corresponde es investigar la corrupción en alguna actuación judicial, no sobre ningún tipo de enriquecimiento de miembros del Poder Judicial, eso le corresponde al servicio de la Contraloría. Yo no me puedo poner a investigar a ningún magistrado, ni a ningún juez por enriquecimiento, si no hay de por medio una denuncia que sea propia de asuntos del Poder Judicial.

Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, presidenta del Poder Judicial del estado de Nuevo LeónFoto Sanjuana Martínez

No obstante sus declaraciones sobre el supuesto combate a la corrupción, Buchanan ha sido seriamente cuestionada por las irregularidades y excesos en el traslado de 24 juzgados a seis pisos del edificio de la Torre Meridiano, un inmueble ubicado en el número 731 de la calle de doctor Coss, en el centro de Monterrey, por el cual el Poder Judicial paga 3 millones de pesos de renta mensual obligados a 54 meses.

En una carta interna a la que ha tenido acceso La Jornada, los arrendadores, Raúl Garza Garza y Tomas Loyola Patiño, explican que la cantidad de 3 mil 400 visitas diarias al inmueble excede lo previsto en el lobby y en otras áreas: Es evidente que en el caso del nivel 12, donde se ubica el archivo, unidad de medios, oficialía de partes, la densidad de personas, hasta 250, es muy superior a los parámetros de diseño y excede lo especificado y comprometido, dice el documento fechado el 4 de agosto del año pasado, durante el inicio del mandato de la magistrada Buchanan.

El problema es que con la centralización, los 24 juzgados civiles, de menores y de jurisdicción concurrente ahora comparten el personal de oficialía de partes y actuarios, cuando antes cada juzgado tenía su propio personal.

El contrato de arrendamiento fue realizado por el ex presidente del Poder Judicial, Mancillas Ramírez cuatro meses antes de dejar su cargo. La renta de 3 millones es una de las más costosas y triplica, por ejemplo, la del edificio de la Procuraduría de Justicia que paga un millón 64 mil pesos al mes.

Junto al magistrado Mancillas, los magistrados Raúl Gracia Guzmán, Francisco Javier Gutiérrez Villarreal y Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, dieron su aprobación al inicio del proyecto de la controvertida Torre Meridiano y autorizaron la celebración del contrato de arrendamiento, sin realizar una visita de campo, según consta en el acta del Pleno 11/2011 del 15 de marzo del año pasado a la que ha tenido acceso La Jornada.

También autorizaron el arrendamiento de elegante mobiliario de Herman Miller para la mencionada torre, por 513 mil 728 pesos, según la orden 18401 de la empresa Value Arrendadora, lo cual significa el pago de 30 millones de pesos en los próximos cinco años. Por el arrendamiento de fotocopiadoras y multifuncionales pagan 394 mil 591 pesos, según consta en la factura 5234 de Máquinas, Información y Tencología Avanzada, SA de CV.

El expediente con facturas de dudosa procedencia en poder de esta reportera incluye los servicios de supuestas empresas ubicadas en Ciudad Mante y Reynosa, Tamaulipas, a pesar de que en Nuevo León existen suficientes firmas de estos giros.

Por ejemplo, contrataron el enlace de fibra óptica para la torre por 228 mil 32 pesos a Nueva Consultoría de Negocios, SA de CV ubicada en la colonia Circulo de Reynosa, Tamaulipas, según orden de compra de la dirección de Administración y Tesorería del Poder Judicial y autorizaron también el pago de 114 mil 16 pesos por concepto del finiquito de 50 por ciento para el mencionado enlace, según consta en la factura 0622 de la misma empresa ubicada en Reynosa.

Otro gasto realizado un día después de que Graciela Buchanan llegara a su puesto como presidenta del Poder Judicial, fue la realización de edición y producción de un video sobre la Torre Meridiano por 20 mil 300 pesos, con un recibo escrito a mano presentada por José Carlos Filemón Pineda Wong, con domicilio en calle Encino 103 Colonia Fovissste número 1, en Ciudad Mante, Tamaulipas.

La magistrada Buchanan insiste: Desde el primer día de mi mandato he pedido que quienes hayan cometido actos de corrupción sean denunciados. Por eso le exijo a la ciudadanía que lo diga, porque todo mundo se dice uno a otro... pero si no llega la denuncia, no podemos actuar. La justicia es igual para todos: sea pobre, sea rico, sea influyente.