El modelo de fiscalización vigente en México a partir de 1996 debe repensarse ante las críticas y dudas sobre su eficacia, sostuvo el consejero electoral Lorenzo Córdova, quien planteó que será necesario discutir si se prefiere un esquema más preventivo o preservar la orientación exhaustiva actual, pero con elementos que tengan implicaciones legales y políticas para candidatos y no sólo para partidos políticos, que es uno de los grandes pendientes.

Córdova reconoció que en la actualidad el proceso de calificación de la elección presidencial corre con tiempos diferentes respecto del proceso de fiscalización de gastos de campaña, y habría que encontrar algún tipo de nexo que implique mayores responsabilidades, para romper incentivos perniciosos, en donde eventualmente se incurra en violaciones a la legislación.

A su vez, el ex consejero Virgilio Andrade consideró necesaria la revisión de un modelo que tiene más de 16 años de vigencia, con una orientación que desvincula la fiscalización de las finanzas de campaña de la calificación presidencial. Señaló que en una eventual reforma electoral podría analizarse un esquema similar a los procedimientos especiales sancionadores para efectos de la guerra sucia, pero ahora en el gasto de campaña.

Andrade manifestó que si estos procedimientos han desgastado al Instituto Federal Electoral (IFE), también le han generado mayor estabilidad al proceso electoral, porque están orientados a resolver las quejas en las campañas políticas.

Cuestionamientos por ineficacia

Entrevistado en la presentación de la serie Cuadernos para el debate, efectuada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Córdova se refirió a los cuestionamientos sobre la ineficacia en la actuación del IFE para revisar los gastos de campaña y su desfase en tiempos: Sería muy complejo que en un proceso la autoridad no acate los tiempos, los plazos ni las modalidades de actuación establecidos en las leyes, dijo.

Se requieren mayores responsabilidades para romper incentivos perniciosos en donde eventualmente se incurra en violaciones a la legislación, indicó en entrevista el consejero electoral Lorenzo Córdova (de pie). En la gráfica aparece con su homólogo Marco Antonio BañosFoto Carlos Cisneros /Archivo

Tras recordar que el organismo electoral rechazó la petición de la izquierda de crear un procedimiento extraordinario de fiscalización, por contravenir plazos y procesos definidos en la ley, dijo que la Unidad de Fiscalización del IFE ha remitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) copias certificadas de los documentos de los que se ha allegado en la sustanciación de quejas sobre la pasada elección para Presidente de la República.

Si bien es claro que al momento de calificar la elección presidencial difícilmente los magistrados contarán con dictámenes elaborados y votados en el IFE sobre las quejas relacionadas con los recursos de las campañas, sí contarán con toda la información que para entonces tenga el instituto, señaló.

Precisó asimismo que en la legislación del Distrito Federal la fiscalización de gastos de campaña se realiza con mayor rapidez para que se tome en cuenta en la calificación de los comicios, pero sacrificando la exhaustividad en la indagatoria.

A escala federal, el énfasis está en la exhaustividad, porque también, a diferencia de la capital del país, el rebase de topes de campaña no tiene incidencia en la calificación presidencial.

Y se preguntó: ¿Qué es más pertinente: una fiscalización preventiva en breve tiempo, o una exhaustiva que, con independencia de cuándo concluya, genere responsabilidades no sólo para los partidos sino también para los candidatos?.

Recordó que el caso de los Amigos de Fox concluyó tres años después de los comicios, sólo con sanciones a los partidos políticos que lo impulsaron, pero se quedaron simplemente en eso (multas), por lo que esto puede acabar generando, lejos de una inhibición a conductas ilícitas, un efecto muy pernicioso de que se cometen ilícitos.