El conflicto entre el gobierno de Felipe Calderón y la empresa Multivisión en torno a la concesión de frecuencias de la banda de 2.5 Ghz propició la demanda en la Cámara de Diputados de investigar la postura de la administración federal, y generó severas críticas a la determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Mary Telma Guajardo, presidenta de la junta de coordinación política en San Lázaro, reprochó a Felipe Calderón la decisión asumida, porque “es un indicio del ejercicio autoritario del poder.

El Ejecutivo dio un golpe muy severo a la democracia al decretar el retiro de las concesiones de la banda de 2.5 Ghz a la empresa Multivisión, porque con esa actitud advierte que el autoritarismo dejó de ser un riesgo y ahora es una lamentable realidad; no se puede esperar nada bueno de Felipe Calderón, así como entró mal, está saliendo muy mal del gobierno; lo que hemos vivido es muy delicado para el desarrollo de la democracia.

La representante perredista insistió en que el Congreso debe investigar el fondo de la determinación presidencial, porque en ella subyace el ataque a la libertad de expresión, al colocar como moneda de cambio el silencio de los periodistas para satisfacer los intereses del poder político y del empresariado.

Por su parte, la legisladora del PRI, Sofía Castro, rechazó el contenido del decreto del gobierno federal, porque no se trata de afectar los intereses de una empresa; en el fondo lo que determina con claridad es que Felipe Calderón se encuentra subyugado y permanentemente presionado por un sector empresarial que pretende mantener sus privilegios e intereses por encima del bien común.

Su correligionario Jorge Carlos Ramírez Marín propuso que los hechos que suscitaron el retiro –mediante decreto– de las concesiones a la empresa MVS se investiguen por el bien de la democracia y de la libertad de expresión.