Teléfonos de México (Telmex) señaló que el convenio marco de interconexión (CMI) va en contra de la Constitución y diversas leyes. Aseguró que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no ha logrado exponer en forma contundente la necesidad de imponer esta herramienta cuando existen mecanismos legales suficientes, y solicitó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) que antes de emitir el dictamen no final sobre este caso el órgano regulador responda los cuestionamientos de la empresa.

Telmex señalo que la propia Cofetel ha aceptado que existen disposiciones jurídicas vigentes para garantizar que los concesionarios interconecten sus redes públicas de telecomunicaciones, pero al mismo tiempo dicen que serían insuficientes para eliminar costos y tiempos derivados del procedimiento administrativo de condiciones de interconexión no convenidas, tiempos establecidos por la propia ley.

Ante estos argumentos Telmex advirtió a la Cofemer, co-mo parte de la consulta pública en la que se encuentra el anteproyecto del CMI, que el propósito de la Cofetel no puede ser realizado constitucional ni legalmente mediante el CMI en los términos y la forma en que pretende hacerlo, pues para ello existen los vehículos constitucionales y legales, mismos que son insoslayables.

Precisó que en vez de un CMI la Cofetel puede apegarse a la fracción I del artículo 71 constitucional para modificar el plazo aplicado para las negociaciones entre operadores contenidas en el artículo 42 de la Ley Federal de Telecomunicaciones; también puede recurrir al artículo 69C de la Ley federal de Procedimientos Administrativos para reducir el plazo para resolver las condiciones de interconexión no convenidas.

Telmex señaló que pese a las peticiones hechas por la propia empresa y las de la Cofemer, la Cofetel no ha definido con claridad el problema que busca abatir con el CMI, no ha justificado por qué el gobierno necesita acciones regulatoria concretas para que haya interconexión entre operadores y que ésta se logre en tiempos más breves y con bajos costos, pero usando un instrumento adicional en vez de las leyes vigentes.