as posturas políticas se han definido ya claramente en la campaña por la presidencia de Estados Unidos. Si Romney representaba la convencional posición conservadora del Partido Republicano, abiertamente opuesta a la gestión económica y social de Obama, la nominación de Paul Ryan como candidato a la vicepresidencia no deja duda acerca de sus planes de gobierno. Los seguidores radicales del Tea Party han quedado satisfechos.
En lugar central está la administración del déficit y cómo se vincula con la reactivación económica, siempre proponiendo la reducción de impuestos y con menor prestación de servicios sociales, especialmente con el muy oneroso sistema de salud.
El enorme déficit fiscal que existe hoy en Estados Unidos tiene su origen en la crisis desatada en el gobierno de George Bush. El razonamiento en términos de los impuestos se basaba en la rebaja de la tributación de los más ricos, que se asume son los creadores de riqueza y de cuyas actividades debe dispersarse la generación de empleos y de ingresos en la sociedad.
Eso no ocurrió –y no debería sorprender que así fuera– y lo que se creó fue valor en términos eminentemente financieros y sustentado en profundos procesos especulativos que terminaron por provocar la crisis de 2008. La riqueza asociada con ese valor se concentró de modo tal que los índices de desigualdad son ahora los más grandes en mucho tiempo en ese país. No debe confundirse el valor con la riqueza, ni en su naturaleza ni en cuanto a su efecto en la acumulación y las posibilidades de creación de mayor bienestar.
Mientras se reducían los impuestos, no se compensaban los menores ingresos públicos con más fondeo de otras fuentes y, ante la necesidad de proveer servicios públicos, el efecto neto es que el déficit no podía bajar. En plena crisis y con la amplia intervención del sistema financiero, el déficit ha crecido vertiginosamente. A eso debe añadirse una política exterior enmarcada en las guerras en Afganistán e Irak. La deuda pública es hoy del orden de 16 trillones de dólares (según la medida usada allá).
Ahora la ideología conservadora ha encontrado un verdadero campo fértil para proponer sus políticas: de nueva cuenta reducir impuestos a los estratos de más altos ingresos, lo que acrecienta el déficit y justifica el recorte en los gastos sociales. Todo ello con el objetivo de ensanchar el campo de las libertades individuales, especialmente la libertad de escoger sin interferencia del gobierno. En ese punto está la disputa por la reforma de salud llamada Obamacare.
Pero hay fuertes críticas al programa fiscal a la manera del ajuste que propone Ryan y ahora también Romney. Estas provienen incluso del mismo campo republicano. David Stockman, antiguo y poderoso jefe de la oficina del presupuesto en la administración de Reagan, ha dicho que el plan de Ryan no tiene una credibilidad matemática ni representa sólidas opciones políticas, aunque admite una excepción en el caso de las medidas que propone al financiamiento del Medicare.
Cómo plantear, entonces, las discrepancias entre las posiciones políticas e ideológicas, y las bases técnicas de la gestión fiscal y monetaria cuyas repercusiones son inevitablemente sociales. Esto incumbe a las propuestas de todos los partidos, estén en el gobierno o en la oposición y, por supuesto, en cualquier país.
Esto no significa una apología de las políticas del actual gobierno demócrata, pero en el entorno prevaleciente hay diferencias entre una y otra posturas. Debe observarse al respecto la situación en cuanto a la actitud ciudadana, lo que indica la complejidad de la situación. Se ha señalado cómo es que en diversas encuestas incluso la gente que usa de modo constante los programas sociales, tiende a manifestar su apoyo a una menor intervención del gobierno. El cuestionamiento de la racionalidad económica viene por muchas partes.
Lo mismo pasa en el campo de la política partidista. Son incesantes las comparaciones, por ejemplo, las que han hecho los que fueron contendientes a la candidatura republicana, entre lo que ahora hace Obama y lo que en su tiempo hizo Ronald Reagan, pero sin ningún filtro acerca de las diferencias económicas entre ese periodo y el actual. Se trata de verdaderas trampas que van más allá de una mera cuestión argumentativa (sobre este tema vale la pena ver el libro de Jamie Whyte, Crímenes contra la lógica).
La elección de noviembre ya no será un referéndum sobre la presidencia de Obama, sino que se convierte en una decisión entre dos formas de gestión social. Sí, ambas enmarcadas en un capitalismo en crisis, con creciente tensiones globales como las que surgen de Europa, y con mecanismos de transmisión cada vez más fluidos hacia otras regiones del mundo.
Esta crisis pone en el centro de la disputa social al Estado. Las contiendas fiscales por todas partes así lo demuestran. El gobierno español ya tiene que dar algunos pasos atrás, aunque con poca convicción, para frenar el deterioro de las familias desempleadas. Hay que distinguir entre lo que es un problema y lo que constituye un conflicto. Lo que ocurre es un conflicto permanente entre lo público y lo privado; los acuerdos que fueron de algún modo funcionales ya están acabados.
