En las elecciones pasadas coexistieron la mejor organización y la mayor transparencia y, al mismo tiempo, se reflejaron importantes déficits en la democracia mexicana, cuyo combate va más allá del Instituto Federal Electoral (IFE), señala el consejero electoral Alfredo Figueroa.

Al instituto se le exige como si fuera todo el Estado mexicano, ¿y que se hace con fenómenos como el lavado dinero, la creciente opacidad en los gobiernos estatales y municipales de todos los partidos o la compra del voto?

Sobre la elección, pareciera que todo es competencia del IFE, cuando la compra del voto, si bien es una falta administrativa, es esencialmente un delito electoral de otra competencia. Mientras al instituto se le cuestiona, no existe el mismo nivel de exigencia a la Procuraduría General de la República (PGR), a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) o al sistema financiero en su conjunto para redefinir los delitos electorales.

Se le están plantando muchos calificativos injustos al IFE, cuando hay muchas cosas que van más allá de la elección o cuando hay esferas de la vida pública con enormes debilidades democráticas, advierte.

Cita ejemplos: es claro que se habla de que el instituto debe resolver el lavado de dinero en las campañas. ¡Claro que no! El IFE no va a resolver las quejas de fiscalización advirtiendo que se cometió dicho delito, porque eso es competencia del Ministerio Público. En su caso, se advertiría si hubo un recurso ilícito electoralmente (aportación de una empresa) y se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen.

Figueroa subraya en torno a los reclamos por los pasados comicios: a la fecha, la Unidad de Fiscalización del IFE ha hecho ya más de mil diligencias relacionadas con cuatro de las principales quejas (Monex, Soriana, Honestidad Valiente...). Hay que enfatizar que 75 por ciento de las quejas relacionadas con las finanzas de las campañas se promovieron después de la elección.

Subraya que difícilmente se concluirán las investigaciones sobre las presuntas irregularidades antes de la calificación de la elección, pero en contraste destaca que la Unidad de Fiscalización del IFE ha remitido toda la información relacionada con las pesquisas –aun la reservada para los propios consejeros– al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que determine, en su caso, el grado de gravedad e incidencia en los comicios que podrían tener estos hechos denunciados.

En torno al modelo de fiscalización, para Figueroa se requiere de una revisión profunda con el propósito de asociarla definitivamente a la calificación presidencial, pero en la búsqueda de un esquema que no sacrifique la profundidad de las investigaciones. Tan preocupante puede ser que esa información no se tenga al momento de calificar la elección, como preocupante es que, teniéndose de modo anticipado, no se tengan elementos de calidad en las pesquisas.

Es necesario revisar el esquema de fiscalización electoral, reconoce el consejero Alfredo FigueroaFoto Carlos Cisneros

Hay que revisar el esquema de fiscalización, porque involucra uno de los elementos básicos de la equidad, que es el dinero. Se debe revisar sin sacrificar la calidad de la elección, pero con mayor rapidez, pues actualmente, según la ley, solicitar un dato a la CNBV puede tardar 30 días, aunque desde luego no estamos tardando eso.

–Parece ser no muy creíble que se hable en el IFE de las elecciones más transparentes, mientras están los casos de Monex o Soriana.

–Rechazo absolutamente las ideas de democracia consolidada, pero también estamos bastante lejos de otras afirmaciones absolutamente fantásticas con respecto a lo que pasó en realidad. Hay una democracia germinal, con elementos que no terminan de florecer, con déficits muy importantes que obligan a replantear la transición.

Tenemos un conjunto de problemas en el Estado con poderes interviniendo de una manera desmedida, con instituciones que tienen que asumir su responsabilidad, con partidos que deben entenderse como tales porque no son empresas privadas.

Figueroa advierte que mientras se mantengan niveles de desigualdad social, asociados a una lógica clientelar de los gobiernos de todos los signos, con crecientes niveles de opacidad, difícilmente una reforma de orden estrictamente electoral podrá remediarlo, porque va más allá de la democracia electoral; tiene que ver con la formación de un Estado realmente democrático.

–Tras 2006 se habló de una profunda reforma, y ahora otra vez.

–Se hizo, pero hay que profundizar más, pues ninguna reforma va a resolver las ausencias democráticas en otras esferas, a menos que se pretenda que el IFE se convierta en el Estado completo. No se puede pretender que sólo una institución de la República pueda resolver problemas que los poderes unidos no han podido.

–¿Se requieren reformas complementarias? –se cuestionó al consejero.

–Reformas más allá de lo electoral. Una ley de medios clara, otra del sistema de Justicia, de la relación gobierno federal-estados, el control de los sindicatos, reducir los niveles de opacidad en los recursos públicos, es decir, cambios que trascienden lo electoral –concluyó.