La línea que divide la aplicación de la ley para migrantes mexicanos en Estados Unidos y el negocio que representan para las empresas privadas que administran las cárceles es cada vez más delgada, coinciden investigadores, quienes advierten que las leyes están enfocadas más al mercantilismo que a resolver el problema de los indocumentados. Así, la privatización del sector carcelario ha convertido el delito en un valor al alza. Las consecuencias de este fenómeno no pueden ser más nefastas: violación de los derechos humanos y condiciones de vida contrarias a la dignidad de las personas.

A partir de la administración privada de las cárceles, insisten, se multiplicaron los casos de indocumentados que deben enfrentar largos procesos judiciales y cuya estancia en los centros penitenciarios redunda en grandes beneficios económicos para quienes los administran, pues en Texas la manutención de un detenido cuesta, al año, alrededor de 15 mil dólares, cifra que se duplica en California. Se estima que sólo la empresa Correction Corporation of America (CCA) obtuvo en 2010 ganancias cercanas a 74 millones de dólares, por los migrantes recluidos en sus prisiones.

Es una situación que no se circunscribe a migrantes, sostiene Víctor Sánchez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) sede México, quien advierte que estas empresas, creadas para generar ingresos a sus propietarios, empezaron a desarrollar prácticas que rayan en lo ilegal.

Señala que esta privatización “genera un sistema de corrupción que toca a jueces y legisladores locales, quienes aprueban más cárceles privadas, además de que endurecen leyes y sanciones. Algunas de estas empresas ya han recibido multas por pagar acciones dirigidas a influir ante la administración pública (lobbying) de manera irregular en Nueva York en 2003 y 2008, y han generado polémica en Pensilvania, porque muchos jueces daban a infractores juveniles penas mayores de las que correspondía la falta”.

Migrantes centroamericanos en el lomo de La Bestia, el tren que los trae al centro del país en tránsito hacia Estados UnidosFoto Notimex

Las ganancias son de tal magnitud que al menos tres de las empresas operadoras de cárceles en Estados Unidos cotizan en la bolsa de valores de ese país, entre ellas la CCA, señala el catedrático Juan Carlos Ugalde Guzmán, de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en sistemas carcelarios, quien agrega que entre otras cosas los presos en aquellos centros penitenciarios padecen el mismo hacinamiento e insalubridad que en prisiones de México, toda vez que la minimización de los costos hace que la atención médica sea mala e insuficiente, lo mismo que la alimentación y limpieza.

Coincide con el académico Adolfo Laborde, del Tecnológico de Monterrey, en que desde que se mercantilizaron los procesos de encarcelación han habido políticas mucho más restrictivas hacia los indocumentados en Estados Unidos.

Laborde advierte que dicha privatización se ha emparejado con infinidad de detenciones irregulares: por pequeños ilícitos son recluidos, aun cuando la posible pena no amerite cárcel, además de que pasan hasta cuatro meses antes de iniciar el proceso de deportación. De esto deriva un costo diario que el Estado tiene que cubrir a estas empresas. Las cárceles, así vistas, son como hoteles, y los migrantes son parte de esta actividad comercial revestida de un halo de legalidad, a partir de un marco jurídico cuestionable y cada vez más severo.

Señalan los investigadores que es un gran negocio para todos, al tratarse de un sector irregular que tiene un sistema de flujo de efectivo propio en el interior de la cárceles, en el que participa el crimen organizado.