Detrás de la omisión de las autoridades sobre tiradero ilegal de escombros y cascajo que usa la empresa concesionaria de la Supervía Poniente, en el paraje Los Resumidores del pueblo de San Nicolás Totolapan se cobija el gran negocio de los invasores, alertaron ejidatarios del poblado.

La complicidad no sólo es con las empresas de OHL-COPRI, se trata de un negocio redondo. Ellos llegan, rellenan el suelo que otros aplanan e invaden y más tarde construyen, detallaron los oriundos. Ante la falta de legalidad, la misma gente de San Nicolás Totolapan ha ocupado tierras ejidales en forma irregular, “pues dicen: si los de afuera las toman y no pasa nada, mejor lo hacemos nosotros”, relataron los integrantes de la comunidad.

Toma de tiraderos

Gerardo Camacho Molina, secretario del comisariado ejidal, reconoce la situación, pues hay disputa por 22 hectáreas con ejidatarios del poblado. Precisamente en el tramo del kilómetro 10 al 14, donde están los tiraderos clandestinos, hay construcción de vivienda y negocios irregulares, en suelo donde hacerlo es ilegal.

Trinidad Eslava, presidente del núcleo ejidal, agregó que los malos representantes permitieron las irregularidades, pero lo más grave es que ninguna autoridad reaccione, principalmente la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Martha Delgado.

Por años han hecho las denuncias, que no ha han prosperado. Incluso las autoridades han utilizado el tiradero, al depositar tierra y escombros de los trabajos del rescate del Río Magdalena, en el tramo que abarca al pueblo de Santo Tomas Ajusco, en la delegación Tlalpan.

Pobladores de ambas delegaciones coinciden en que en la invasión de tierras han participado autoridades. Para nadie es extraño que grupos de gente están vinculados con el actual jefe delegacional en Tlalpan, Higinio Chávez.

Las denuncias por ocupación están en toda la franja de pueblos, que se ubican en los límites de las delegaciones rurales del sur de la capital, desde Tlalpan, Magdalena hasta Xochimilco.

A los temores de los pobladores de la zona se suma el anunciado proyecto carretero del Arco Sur. Lo ven como amenaza de urbanización de grandes zonas boscosas y de reserva ecológica del Distrito Federal, por lo cual ya organizan asambleas entre los distintos poblados.