Los familiares del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas –asesinado a tiros en un retén militar en Huamuxtitlán, Guerrero, en 2009– aplaudieron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que dio un primer revés al titular del Ejecutivo federal sobre los alcances del fuero de guerra, al resolver que los deudos de una víctima tienen derecho a presentar un juicio de amparo para evitar que el soldado presuntamente responsable del crimen (Valentín Alejo Hilario) sea juzgado por la justicia castrense.

La decisión entraña el reconocimiento del derecho de las víctimas y sus familiares a contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la aplicación del fuero militar, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú (abusadas sexualmente por militares) y el de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera García, dijo la familia.

“Más allá de la enorme trascendencia de esta decisión, la familia Rubio Villegas considera que el fallo es de suma importancia para el pleno reconocimiento jurisdiccional de los derechos de las víctimas, atendiendo a que, en el pasado, la misma SCJN negó a las víctimas el derecho a acudir al amparo en este tipo de casos.

Así, se impuso en la mayoría un criterio protector de los derechos de quienes han padecido los abusos castrenses, en sintonía con el derecho internacional.

En un documento hecho público por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, los deudos de Rubio Villegas, aseguraron que la resolución de la Suprema Corte de Justicia, en su sesión del pasado 20 de agosto, constituye un avance valioso para el acceso a la justicia y posibilita el estudio de la restricción del fuero militar en casos que involucran a víctimas civiles; ello nos impulsa en la lucha para acceder a la justicia plena.