A pesar de no haber podido acreditar el delito de lavado dinero contra el empresario Napoleón Rodríguez de la Garza, identificado por la Procuraduría General de la República (PGR) como presunto prestanombres de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) mantiene abierta una averiguación contra los ex mandatarios por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que dentro de esas indagatorias cuenta con dos testigos protegidos.

Funcionarios de la PGR confirmaron que Rodríguez de la Garza y Eduardo Rodríguez Berlanga, consignados ante un juez federal en Jalisco y encarcelados en el penal de máxima seguridad de Puente Grande el pasado 13 de agosto, obtuvieron su libertad.

Rodríguez de la Garza quedó en libertad al obtener el beneficio de una fianza, ya que supuestamente el Ministerio Público Federal no aportó pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y sólo será sujeto a proceso por portación de arma de fuego sin licencia, delito que no es grave y bastará con que pague una multa al final de juicio si resulta sentenciado.

En tanto, Eduardo Rodríguez Berlanga, quien también fue detenido dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, quien reconoció ante el Ministerio Público Federal haber recibido miles de dólares para la compra de bienes inmuebles en Estados Unidos, quedó bajo custodia de la PGR ya que aceptó convertirse en testigo protegido y declarar contra los ex gobernadores tamaulipecos, señalados como responsables de proteger operaciones de los cárteles del Golfo y Los Zetas durante sus respectivos mandatos.

Rodríguez Berlanga se unió al programa de testigos protegidos como lo hizo Zonia de Pau García, ex esposa de Fernando Cano Martínez, identificado como prestanombres de los ex gobernadores.

Como parte de la investigación, la PGR citó al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, José Guadalupe Herrera Bustamante, para que declare acerca del origen de más de 22 millones de pesos que presuntamente habría recibido como parte de las operaciones que realizaron los ex gobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.

Dado que el juzgador es considerado alto funcionario, las leyes procesales le permiten comparecer por escrito, lo cual no ha ocurrido, de acuerdo con fuentes judiciales consultadas.