l 15 de junio de este año, a seis meses de culminar su administración, el presidente mexicano Felipe Calderón se vio obligado a cancelar el megacomplejo turístico de Cabo Cortés, a cargo de la empresa española Hansa Urbana, que amenazaba al arrecife y al parque marino de Cabo Pulmo, en Baja California Sur.

Este proyecto ilegal fue autorizado desde 2010 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y los responsables, que actuaron con total impunidad, tienen nombre y apellido: Mauricio Limón Aguirre, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental; Eduardo Enrique González Hernández, anterior titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), y el actual titular, Alfonso Flores Ramírez.

Para denunciar que estos funcionarios incumplieron las facultades y disposiciones previstas en la legislación ambiental mexicana, el 8 de junio de 2011, Greenpeace y más de 5 mil ciudadanos presentaron un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat. Sin embargo, a un año y dos meses de haberse interpuesto, no se tiene respuesta de esta denuncia.

Limón fue demandado por la falta de imparcialidad en sus declaraciones públicas, que reflejaban su apoyo al proyecto turístico español. A González Hernández se le denunció por expedir un nuevo resolutivo de Impacto Ambiental a favor de Cabo Cortés, en enero de 2011, cuando ya se había anulado un primer permiso para este proyecto por incumplir lo establecido en el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos. El resolutivo aprobado por González permitía a Hansa construir la dársena de una marina de 490 posiciones exactamente sobre las dunas costeras, contraviniendo el ordenamiento local. Ante esta denuncia, la OIC no ha emitido ninguna respuesta. Cabo Cortés fue autorizado dos veces y en ambas autorizaciones se detectaron irregularidades.

El 13 de enero de 2012, Greenpeace presentó ante el OIC nuevas evidencias consistentes en correos electrónicos intercambiados en los meses de febrero a mayo de 2011, donde funcionarios de ProMéxico hacen referencia a una serie de reuniones entre el titular de Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada, y Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, en los cuales resulta evidente el acuerdo entre la Semarnat y Hansa para salir públicamente a anunciar la nueva autorización dada por la Semarnat, que tendría algunos condicionamientos.

El 25 de abril de 2012, Greenpeace regresó por tercera vez ante el OIC, ahora para denunciar al nuevo titular de la DGIRA, Alfonso Flores Ramírez, por declararse incompetente para cancelar Cabo Cortés, a pesar de que en un oficio emitido el día 19 del mismo mes Flores le informaba a Hansa que había incumplido nueve condicionantes (de 20) establecidas en la autorización de enero de 2011. El oficio de Flores negaba a Hansa una tercera ampliación de plazos, requerimiento a todas luces ilegal en el marco del artículo 31 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. También, Flores violó el Reglamento Interior de la Semarnat que le faculta para revocar la autorización en materia de impacto ambiental a Cabo Cortés.

Estas son sólo algunas de las evidencias que demuestran los diversos abusos de autoridad cometidos por Mauricio Limón, Eduardo Enrique González, Alfonso Flores y Juan Rafael Elvira, titular de la Semarnat, para beneficiar a Hansa. La conducta ejercida por estos funcionarios también viola el Código de Ética de los Servidores Públicos, que señala: Al asumir su cargo, el servidor público manifiesta su compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la sociedad, adquiriendo al mismo tiempo una responsabilidad por sus actos que se refleja en la satisfacción de las necesidades colectivas.

El OIC de la Semarnat, a través de su titular Luis Armando Ibarrola, debe dar respuesta inmediata y resolver la denuncia presentada por Greenpeace en junio de 2011, para que estos funcionarios rindan cuentas a la justicia y a la sociedad por su actuación en el caso Cabo Cortés, y que esto no se repita en futuros proyectos.

Mauricio Limón debe renunciar inmediatamente para permitir a la Secretaría de la Función Pública que las investigaciones se lleven a cabo sin interferencia de la autoridad ambiental. El señor Rafael Morgan Ríos, secretario de la Función Pública, sabe perfectamente que justicia demorada es justicia denegada.

Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando justicia; que este caso plagado de ilegalidades no se archive y que se castigue a los funcionarios públicos que defienden intereses privados. Sólo así podremos transitar hacia un estado de derecho ambiental en México.

* Directora ejecutiva de Greenpeace México