La vocera de la Presidencia de la República, Alejandra Sota, acusó ayer al propietario de MVS, Joaquín Vargas, de recurrir al chantaje político para evadir el pago de lo que corresponde por un bien, la banda 2.5 Ghz, que es propiedad de todos los mexicanos, y de mentir y difamar, cuando asegura que hubo presiones de Los Pinos para sacar del aire a la periodista Carmen Aristegui, luego de que la comunicadora aludió sin prueba alguna al presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón.

Las acusaciones esgrimidas por el presidente de MVS carecen de sustento y buscan contaminar una decisión técnica en materia de telecomunicaciones, que lejos de los argumentos políticos tiene que ver única y exclusivamente con que MVS no quiso pagarle a los mexicanos lo que la banda cuesta: 27 mil millones de pesos, aseveró la funcionaria en conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación.

–¿Qué va a hacer el gobierno federal luego de que un empresario acusó al presidente Calderón de mentiroso y represor? –se le preguntó.

–Lo que queremos hacer es un exhorto a que las partes se conduzcan ya por cauces institucionales –respondió.

–¿Quiere decir que la Presidencia va a dejar pasar esos comentarios? –se le insistió.

–Ya señalé que estamos explorando todas las alternativas jurídicas –respondió cortante.

Acompañada por el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, y el subsecretario de Ingresos de Hacienda, José Antonio González, Alejandra Sota mostró una serie de documentos privados en los que, afirmó, se evidencia el interés del empresario por resolver el diferendo con Los Pinos, asegurando que Aristegui violó el código de ética propuesto, en su gran mayoría, por ella, y justificando así el despido de la periodista, no en razón de un berrinche presidencial.

Explicó que en su momento le expresó a Joaquín Vargas un legítimo extrañamiento porque Aristegui emplazaba a la Presidencia a demostrar la falsedad o no de las expresiones vertidas por el señor (Gerardo) Fernández Noroña (autor de la manta desplegada en una sesión de la Cámara de Diputados que aludía al presunto alcoholismo de Calderón), cuando la carga de la prueba debe recaer en la parte que acusa, y no en la que en este caso es la parte difamada.

Sota reveló que fue el propio empresario quien se dijo apenado con el Presidente y que estaba por exigir a la conductora una disculpa pública por haber violado un código de ética interno, por medio de una carta que redactó la empresa y de la que el señor Vargas solicitó mi opinión y sugerencias, pero cuya versión final fue redactada y entregada a la periodista de MVS y es responsabilidad exclusiva de ellos, tanto como todo lo que sucedió después.

Fue aún más lejos: dio detalles de la reunión sostenida el 10 de febrero de 2011 por Joaquín y Ernesto Vargas y el jefe de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos.

“Joaquín Vargas señaló que él había pedido una disculpa pública a Carmen Aristegui, y, ante la negativa, por decisión de MVS, y no del gobierno, su renuncia. Y relatando los hechos, después de compartir con nosotros, haberle dicho que estaba haciendo por buenos chismes y rumores, viniendo de un enemigo público, un demente, que ni siquiera se molestó en cuestionar, pasándole la carga al afectado, que si estaba loca y que eso no se lo iban a tolerar.

Lo que Joaquín Vargas también omite hoy es que fue enfático en asegurarle a Carmen Aristegui que si para él la disculpa no era lo suficientemente buena, independientemente de lo que le pareciera a Los Pinos, él no se la iba a pasar.

Mostró también un correo electrónico dirigido por Vargas a los accionistas de MVS, con copia para Sota, en el que informa la rescisión de la relación laboral con Aristegui, “en virtud de que el viernes pasado violentó el código de ética que regula nuestra relación laboral. Debo recordarles que dicho código fue propuesto, en su gran mayoría, por ella, el cual aceptamos por la difícil situación que en noviembre de 2008 enfrentábamos. Por nuestra parte, dicho código fue respetado cabalmente en todos sus términos.

“El pasado viernes, Carmen esparció y difundió rumores que resultan falsos de toda falsedad, sin contar con evidencia alguna, amén de que trasladó la responsabilidad de demostrar la carga de la prueba a la parte agraviada.

Le ofrecimos la opción de ofrecer una disculpa pública, lo que aceptó parcialmente, pero al final, por actuar en contra de lo que marca el código de ética y las elementales prácticas del periodismo (...) estamos dando por terminada nuestra relación laboral.

A lo largo de la conferencia de prensa también se preguntó a la funcionaria sobre el hecho de que MVS no ha conseguido el refrendo de 42 concesiones, como en su momento el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, advirtió que ocurriría.

La vocera respondió que si hubo intercambio de amenazas, es algo que tiene que aclarar Javier Lozano.

La respuesta del hoy senador electo vino vía Twitter. En su cuenta éste rechazó categóricamente haber amenazado al presidente de MVS.

Al secretario Pérez-Jácome se le preguntó qué pruebas presentó MVS y el tiempo que tiene la dependencia a su cargo para responder a la empresa.

El funcionario dijo que se encuentran en la etapa de evaluación de dichas pruebas.

Insistió en que en el procedimiento de rescate (de la banda 2.5) se va a respetar la garantía de audiencia de todos los concesionarios. Quiero reiterar de nuevo: lo que se hizo hace dos semanas no fue un decreto de rescate; fue el inicio del procedimiento de rescate apegado a derecho y en el cual los diferentes concesionarios están aportando toda la información que a su derecho convenga; y nosotros tenemos la obligación, y así lo haremos, de analizarla a cabalidad y tomarla en cuenta en la resolución final.