uando los trabajadores de Honda decidieron organizarse sindicalmente, empezaron a reunirse por las noches para capacitarse, observando que parecía fácil formar un sindicato auténtico y obtener la representación necesaria para negociar sus condiciones de trabajo. Pensaban que no había sindicato en su fábrica y, por tanto, su iniciativa se concretaría en la formalización de su primer esfuerzo organizativo. Nunca imaginaron el calvario que deberían recorrer para lograrlo.

La sorpresa inicial fue saber que la empresa había firmado ya un contrato colectivo de trabajo a sus espaldas con un sindicato cetemista; desconocían el hecho de que en nuestro país el patrón escoge al sindicato de su preferencia desde el nacimiento de la fuente de trabajo, a pesar de que es una práctica ilegal en la medida en que se ignora a los trabajadores que son los destinatarios de las reglas pactadas con la empresa. Después de varias consultas, tomaron la decisión de registrar un sindicato propio. Acudieron a la ley y constataron que los requisitos para obtenerlo eran simples y que había normas que garantizaban el respeto al derecho de asociación. Les esperaba una nueva experiencia.

En mayo de 2010 acuden ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a solicitar su registro sindical. Paralelamente, y como es común, la empresa reaccionó con el despido fulminante de los dirigentes, incluyendo a José Luis Solorio, secretario general, hombre valeroso que desde entonces logra hacer crecer su presencia por la firmeza de sus convicciones. El 4 de agosto de ese año, a partir de múltiples obstáculos, uno de ellos tan increíble como señalar que no habían puesto el domicilio de la empresa en la hoja del padrón de socios cuando este aparecía repetidamente en otras partes de la documentación, se les niega el registro, y se les obliga así a acudir al amparo.

Analizado este recurso por un juez de distrito y un tribunal colegiado, se ordena a la STPS otorgar el registro en agosto de 2011, exactamente un año después de la negativa. Los trabajadores hicieron fiesta, pensando que habían superado las dificultades y que pronto contarían con el reconocimiento de su organización democrática. Nunca pensaron que les esperaba un largo y sinuoso juicio de titularidad ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Efectivamente, presentada la demanda para cambiar de sindicato, la empresa embistió de nuevo dando por terminado el contrato colectivo con el membrete cetemista inicial, firmando contrato con otro de la misma calaña, todo para alegar que la iniciativa jurídica de los trabajadores en ese momento carecía de fundamento legal. La junta laboral dio la razón a la empresa y archivó el expediente, lo cual requirió el inicio de una nueva demanda de titularidad.

Ante la firmeza de los sindicalistas, la empresa decidió presionar acusando al líder José Luis Solorio por el supuesto robo de una pluma a uno de los vigilantes el día en que repartían volantes en la puerta de la fábrica. El líder fue detenido con lujo de violencia e incomunicado. Lo grotesco de la acusación generó una indignación tal, que organizaciones de distintos ámbitos protestaron exigiendo la liberación inmediata; Solorio fue excarcelado bajo fianza, manteniéndose hasta ahora el desahogo de este procedimiento penal.

La resistencia de los trabajadores ha logrado una creciente solidaridad internacional; el propio sindicato japonés de Honda-Matriz, se hizo presente en Guadalajara para conocer estos hechos y el sindicato automotriz estadunidense, United Automobile Workers (UAW), la Federación Internacional de la Industria del Metal (FITIM) y la recientemente constituída Union Industriall, han comprometido su apoyo a esta lucha.

La estrategia empresarial en este periodo consiste en lograr el desgaste de los trabajadores, para ello busca retrasar a toda costa el juicio que permita dilucidar la preferencia sindical de estos. Las audiencias en el procedimiento legal se difieren por las causas más absurdas: que el sindicato patronal cambió de nombre y domicilio, que los actuarios de la junta se equivocaron en las notificaciones, el colmo ha sido el cambio de fecha de audiencia porque el sindicato cambió su nombre en una sola letra. El proceso continúa estancado, apenas el próximo 29 de agosto está convocada una audiencia previa por nulidad de notificaciones, la promueven el abogado cetemista Víctor Manuel Calleja Montes y el despacho contratado por Honda, Baker & Mackenzie. Las mismas maniobras, iguales historias. Nada cambia en nuestro país.

En otro frente, en Tlaxcala, las autoridades en unión con la trasnacional zapatera más grande del mundo, Sandak Bata Internacional, siguen haciendo de las suyas. Declarada inexistente la huelga que los trabajadores habían estallado para defender su fuente de trabajo, la empresa se ha negado a reabrir sus puertas e insiste en que la única opción es que los asalariados formen su maquila familiar para trabajar en su casa, sin seguridad social y sujetos a un contrato mercantil… un auténtico regreso al siglo XIX.

El gobierno de Tlaxcala encabezado por Mariano González Sarur, a través de Karina Edith Torres Vázquez, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje –porque en ese estado ni siquiera existe Secretaría del Trabajo local–, presiona a los trabajadores para que acepten las condiciones de la empresa; por lo pronto ha negado la personalidad jurídica al comité ejecutivo sindical, con una vaga y extraña resolución que simplemente señala: no cumplen con los estatutos, obligándolos a adivinar dónde está la supuesta falla formal. Todo tendiente a lograr su indefensión.

Eduardo Díaz Reguera, abogado de los trabajadores, reflexionaba: Ante este cúmulo de arbitrariedades por parte de empresa y autoridades, se está obligando a los trabajadores a actuar por la vía de los hechos, el problema es que en estos casos es a ellos a quienes se aplicaría con rudeza la propia ley. Tiene toda la razón.