Órganos del Poder Judicial de la Federación determinaron que la Procuraduría General de la República (PGR) trató de violar la autonomía de criterio de los jueces de distrito al presionar a los miembros de juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicación para que libraran –sin elementos que evidenciaran la probable comisión de delito– órdenes de cateo en domicilios del juez Efraín Cázares López, investigado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Ministerio Público de la Federación, por supuesta obstrucción de la justicia al conceder sentencias absolutorias o amparos a implicados en el llamado michoacanazo.

Funcionarios federales revelaron que la PGR promovió quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal para que sancionara a los jueces Martín Adolfo Santos Pérez y Osbaldo López García, así como a sus secretarios de acuerdo, Moisés Ramírez Serrano y Edgardo Israel Vargas Pérez, ya que consideraba que obstruían su labor al no conceder las órdenes de cateo, y como ese órgano del Poder Judicial determinó que la exigencia de la PGR eran improcedente, entonces decidió buscar órdenes de captura contra los funcionarios judiciales.

Ayer el juzgado tercero de distrito con sede en el Reclusorio Norte negó las órdenes de captura solicitadas por la PGR. El órgano jurisdiccional consideró, al igual que el Consejo de la Judicatura Federal, que el Ministerio Público Federal trató de presionar a los funcionarios del Poder Judicial de la Federación para que no atendieran criterios jurídicos al resolver los expedientes que les fueron presentados y libraran, sin fundamento alguno, las órdenes de cateo que les eran solicitadas.

Esta inició con el cese del juez Efraín Cázares López, quien presuntamente benefició de manera ilegal a parte de los 39 funcionarios del gobierno de Michoacán que fueron acusados de formar parte de grupos de la delincuencia organizada o proteger sus operaciones.

Cázares López se encuentra suspendido y sujeto a investigación por obstrucción de la justicia, al igual que el magistrado José Guadalupe Luna Altamirano, por haber dictado sentencia absolutoria por lavado de dinero en el caso de Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y por delincuencia organizada a Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico.