Mañana se cumplen dos semanas de que la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpuso una apelación ante la negativa del Instituto Federal Electoral (IFE) a ordenar un procedimiento extraordinario de fiscalización a los gastos de campaña del priísta Enrique Peña Nieto.

El anterior es uno de los elementos centrales a que aluden los partidos que postularon a Andrés Manuel López Obrador y, en esta vía, centran sus expectativas de una sentencia favorable en el juicio contra la validez de la elección presidencial.

Sin embargo, los representantes de la coalición temen que su apelación sólo sea acumulada en los asuntos de este juicio de inconformidad que se desahoga en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Consideramos que el órgano jurisdiccional (TEPJF) está consumiendo tiempo, al igual que hizo el IFE, para evitar que se instaure un procedimiento extraordinario de fiscalización, dijo Camerino Eleazar Márquez, representante jurídico del Movimiento Progresista.

Hasta ayer no se había informado cuándo será el cierre de la instrucción del llamado juicio madre, es decir, en qué momento los magistrados que integran la comisión calificadora de los comicios presidenciales dejarán de recibir pruebas y otros alegatos, a fin de preparar la sentencia del caso.

Ha trascendido que la resolución final –de la eventual declaratoria de validez de la elección– será esta semana. De acuerdo con la ley, los magistrados tienen hasta el 31 de agosto para resolver las impugnaciones de los juicios contra el proceso comicial y el 6 de septiembre como plazo máximo para emitir su sentencia y otorgar la constancia de presidente electo a quien corresponda.

Respecto a la demora en el tribunal, Márquez dijo que al parecer el asunto lo lleva el magistrado presidente, Alejandro Luna Ramos, y no lo han asumido.

Nuestra apelación está durmiendo el sueño de los justos; este lunes serán ya 15 días desde que lo ingresamos, indicó.

Destacó que es un elemento fundamental que los magistrados cuenten con datos de los dictámenes relativos al rebase de topes de campaña, compra y coacción del voto, así como lavado de dinero, aspectos incluidos en el juicio de la coalición así como en las pruebas adicionales (supervenientes).

Uno de los ejes de la demanda de la coalición se relaciona con el presunto financiamiento ilícito de la campaña de Peña Nieto, en los casos conocidos como Monex y Soriana, de una supuesta red de financiamiento de la estructura de representantes priistas, ajena a la fiscalización del árbitro electoral.

Me parece que este asunto –añadió Márquez– lo están dejando en la orilla, con lo que se resta la posibilidad de conocer la verdad histórica y jurídica de lo ocurrido en torno a los gastos del priísta, en especial el origen de los recursos y la forma en que se gastaron miles de millones de pesos.