Las legislaturas 60 y 61 del Senado concluyen trabajos la semana que comienza luego de seis años de discusión –e incluso en momentos confrontación– con el presidente Felipe Calderón, a quien de todas formas le aprobaron 95 por ciento de las iniciativas que envió, la mayoría en materia de seguridad y combate al crimen organizado. Entre esas reformas está la que llevó a la Constitución las controvertidas figuras de arraigo y testigos protegidos.

En ambas legislaturas, el Senado aprobó reformas torales a la Carta Magna, como la electoral, la política y la de derechos humanos, aunque dejó pendientes las legislaciones sobre fuero militar –detenida de última hora, pese a que ya se había aprobado el dictamen en comisiones, en abril pasado– y la de desaparecidos políticos.

Aunque en septiembre de 2006 los coordinadores de PRI, PAN y PRD se comprometieron a aprobar un nuevo marco jurídico en materia de radio, televisión y telecomunicaciones, después de que la Suprema Corte echó abajo la llamada ley Televisa, no hubo cambio alguno en la materia e incluso quedó pendiente la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional en Materia de Réplica, que el Congreso estaba obligado a elaborar, luego de la reforma electoral del 13 de noviembre de 2007.

El grupo parlamentario del PRI, con Manlio Fabio Beltrones a la cabeza, fue fundamental para que pudieran transitar las iniciativas del Ejecutivo. Otra pieza clave fue Jesús Murillo Karam, quien negoció con instancias del gobierno federal la Ley de Seguridad Nacional, la referente a fuero militar y la Ley General de Víctimas, vetada el pasado mes de julio por Calderón y que está ahora en la Suprema Corte.

El senador priísta Francisco Labastida Ochoa explicó que en estos seis años debieron hacer de porteros, para que no pasaran propuestas del Ejecutivo que, con el argumento de atacar el crimen organizado, vulneraban derechos humanos.

Tuvimos la suficiente entereza de carácter para no acceder a cambios lesivos a la ciudadanía, apuntó. Recordó que la reforma sobre justicia penal incluía no sólo el arraigo, sino cateos policiacos sin orden judicial, que fueron eliminados.

Cuando se discutió la ley de extinción de dominio, expresó, el PRI se confrontó con Calderón. La oposición a una parte de esa legislación, cuyo propósito era acelerar el proceso para asegurar bienes producto del narcotráfico, se debió a que lesionaba también el interés de particulares que nada tenían que ver con la delincuencia, agregó.

Labastida reconoció que se atendieron propuestas de Calderón para no dar pie a que dijeran que estábamos obstaculizando la lucha contra la violencia y la inseguridad, pero con serias dudas de que si no estábamos atentando contra los derechos humanos.

El panista Felipe González, quien presidió la Comisión de Seguridad Pública del Senado, sostuvo que pese a las divergencias políticas, se privilegiaron los acuerdos y fue posible aprobar reformas como la ley antisecuestro y a la Ley de Amparo. También se modificaron la legislación contra el lavado de dinero y la Ley de Seguridad Nacional, estas dos últimas desafortunadamente congeladas en la Cámara de Diputados.

El perredista Tomás Torres recordó que la ley de seguridad fue analizada a fondo en el Senado y el proyecto original de Calderón se modificó por completo, con el fin de dar un marco jurídico para la participación temporal de las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, pero sin darles facultades más allá de las que establece la Constitución y sin crear un Estado policiaco-militar.

Explicó que el Senado aprobó la iniciativa presidencial para modificar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pero se eliminó la pretensión de sancionar a alguien por lo que no ha hecho, ya que se planteaba prisión de 27 años por portación de arma a todos los integrantes de una banda, aunque alguno de ellos no hubiera ido armado.

La iniciativa de Calderón que quedó de hecho congelada fue la conocida como cadenas delictivas, que crea nuevos tipos penales para sancionar igualmente a todos los miembros de una asociación criminal, sin importar si participaron o no en un ilícito.

Sobre el tema, el senador petista Ricardo Monreal recalcó que PRI y PAN actuaron juntos y cedieron a las presiones de los poderes fácticos y del Ejército. Prueba de eso, dijo, es que después de más de dos años de negociaciones con las fuerzas armadas dejaron pendiente la reforma que elimina el fuero militar en los casos de delitos contra civiles. Se aprobó en comisiones el dictamen, el 19 de abril pasado, pero ya no pasó al pleno.

Por esa omisión, agregó, la Suprema Corte es la que ha tenido que resolver sobre fuero militar.