Desde que inició el proceso electoral, y en vísperas de que se resuelva el último de los recursos interpuestos contra la elección presidencial, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Manuel González Oropeza sostuvo que hasta el momento el órgano de justicia electoral ha resuelto 23 mil recursos interpuestos desde octubre pasado, 6 mil de los cuales correspondió desahogarlos a la sala superior.

En entrevista con el Canal Judicial, el magistrado se refirió a los avances en torno a la calificación de la elección presidencial, destacando que los acercamientos que han tenido con las coaliciones Movimiento Progresista y Compromiso por México han sido fructíferos, porque podemos dialogar los argumentos que ellos presentan en sus escritos de demanda, lo cual es útil para la valoración definitiva de las mismas.

González Oropeza mencionó que en el encuentro más reciente con los dirigentes de la coalición de izquierda conversaron en torno a sus valoraciones relacionadas con eventuales estallidos sociales y su visión acerca de la polarización de problemas sociales del país a partir de ello. Su demanda es extensa y una sistematización de estos argumentos siempre se aprecia por un tribunal para poder tener una especie de guía en la argumentación de la demanda.

El magistrado recordó que el TEPJF tiene hasta el próximo viernes 31 de agosto para resolver el último de los juicios de inconformidad en contra de la elección presidencial y hasta el 6 de septiembre para la declaratoria de validez de la elección y de presidente electo.

Más adelante, a pregunta expresa de la conductora sobre las diferencias entre nulidad e invalidez, González Oropeza destacó que el Legislativo incorporó a las leyes electoral causales expresas de nulidad de la elección presidencial: que se haya invalidado 25 por ciento de la votación en las casillas; que no se haya instalado 25 por ciento de las casillas o que el ganador de la elección sea inelegible.

En cuanto a la invalidez de la elección, “más bien se refiere la coalición de izquierda a la violación a principios constitucionales de equidad, imparcialidad, objetividad, todos los principios que están previstos en el artículo 41 constitucional. Si se probara que hubo violaciones a esos principios –este tribunal es el encargado de determinar si las hubo o no las hubo–, entonces se estaría en el caso de invalidez”. Ambos casos fueron recientemente incorporados a la legislación electoral.

Explicó que la comisión especial de magistrados creada para la calificación presidencial presentará en breve el dictamen al respecto, pues todavía está evaluando los miles y miles de documentos que entregó la coalición de izquierda para sustentar su demanda. Se está haciendo un trabajo muy exhaustivo de esta cuestión, porque finalmente las alegaciones de la coalición impugnante requieren de una valoración exhaustiva y detenida de esas pruebas.