El juez federal que conoció el caso del llamado michoacanazo, Efraín Cázares López, ha buscado en dos ocasiones, sin éxito, obtener la protección de la justicia federal mediante solicitudes de amparo, con las que buscó evitar que se dé cumplimento a una orden de localización en su contra, revelaron fuentes judiciales.

En dos ocasiones, ante juzgados diferentes, el juez –destituido temporalmente por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF)– ha sostenido que teme que la Procuraduría General de la República (PGR) viole sus garantías individuales, por lo que requirió de la protección del amparo.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) investiga a Cázares López por presunto lavado de dinero a partir de una llamada telefónica anónima en la que se acusó al juez de recibir dádivas en efectivo de parte de narcotraficantes ligados al cártel de Sinaloa.

Desde el pasado 3 de junio, los fiscales antilavado de la PGR libraron una orden de presentación y localización contra el juzgador, dentro de la indagatoria UEIORPIFAM/AP/002/2011. Sus demandas de amparo –una tramitada ante un juez de distrito en Michoacán y otra ante uno de la ciudad de México– refieren presuntas violaciones a los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución en perjuicio de Cázares, indicaron las fuentes judiciales consultadas.

Dicho de testigo protegido

Sin embargo, los amparos no han prosperado debido a que no procede la suspensión para los efectos de evitar que se dé cumplimiento a una orden de presentación cuando el delito del que deriva ese acto de molestia es considerado grave por las leyes penales mexicanas, como es el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como sucede en la mayoría de las averiguaciones previas que abre la Siedo, en el caso del juez Cázares López la PGR utilizó el dicho del testigo protegido que tiene el nombre clave de Wicho, un ex miembro del cártel de Sinaloa que en diciembre de 2011 afirmó ante fiscales federales que reconocía a Cázares como la persona a quien pagó sumas de dinero de parte del crimen organizado.