Las instituciones electorales no pueden pasar por alto las irregularidades ocurridas en los comicios del pasado primero de julio y validar con argumentos meramente legales el triunfo de un candidato que violó las normas, ya que si lo hacen, la confianza en ellas se vería seriamente afectada, advirtieron organizaciones sociales.

En carta firmada por 70 grupos o individuos, entre ellos Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se indica que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) deben asumirse como entidades defensoras de la Constitución en vez de pasar por encima de ésta de forma mecánica con disposiciones de carácter meramente legal.

En el proceso electoral reciente se dieron de manera pública, notoria, extensa, masiva, y ahora comprobada, prácticas que vulneran flagrantemente al menos los principios de legalidad, objetividad y certeza que deben regirlo, y directamente la libertad del sufragio ciudadano, señalan.

Destacan irregularidades, como el rebase del tope de campaña y la actuación parcial y tendenciosa de los medios de comunicación en beneficio de un candidato, la contratación de encuestadoras que rebasaron con mucho los márgenes de error aceptables, haciendo creer a la opinión pública que uno de los candidatos contaba con preferencias irreversibles, que resultaron totalmente fuera de la realidad; y se utilizaron masivamente mecanismos refinados y burdos de compra y coacción del voto.

Por todo ello, los grupos e individuos firmantes instan al IFE y al TEPJF a no refrendar impunemente el triunfo de un candidato que obtuvo votos bajo esas circunstancias. La violación de los principios constitucionales debe tener consecuencias para el partido y el candidato que los transgrede flagrantemente.