La Comisión Permanente del Congreso concluyó ayer trabajos y con ellos cerró de hecho la 61 Legislatura, entre abrazos de legisladores, el reclamo del Partido Acción Nacional (PAN) por las reformas estructurales que quedaron pendientes y la exigencia de los perredistas de que la autoridad electoral atienda las demandas sobre las irregularidades en la campaña del priísta Enrique Peña Nieto.

En nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la diputada Telma Guajardo advirtió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá resolver el escandaloso caso de Monex antes de calificar la elección.

De lo contrario, recalcó, su veredicto quedará empañado. La autoridad electoral, insistió, tiene que desahogar las denuncias sobre la ilegal triangulación de dinero a las campaña, mediante compañías dedicadas a negocios financieros, la compra encubierta de propaganda televisiva en favor de un candidato, la compra del voto evidenciado con la entrega de tarjetas Soriana y el rebase de topes de campaña.

A su vez, Francisco Rojas, coordinador de los diputados del PRI, resaltó que su partido fue una oposición responsable, que no ha entorpecido las tareas de gobierno, a pesar de la diatriba y los ataques mediáticos.

Durante esta legislatura, resaltó, se aprobaron 93 de las 122 iniciativas del presidente Felipe Calderón, dictaminaron 11, 16 están en proceso y sólo dos no pasaron, por improcedentes.

En contraparte, el coordinador de los diputados del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, reclamó que no se hubieran aprobado las reformas estructurales, entre ellas la laboral, y desmarcó la actuación de los panistas.

Dijo que en los años recientes la Cámara de Senadores y la colegisladora finalmente consiguieron sacudirse la ignominia del sometimiento al que las sujetó el presidencialismo metaconstitucional durante casi todo el siglo XX.

A su juicio, parte de la agenda relevante para la próximas legislatura, dijo, es una reforma política que solucione la carencia de mecanismos genuinos de contacto, colaboración, entendimiento, diálogo y rendición de cuentas entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Consideró que el Congreso puede cumplir de mejor manera con su responsabilidad si no se imponen criterios de manera unilateral o si la coyuntura electoral no convierte a las cámaras en espacio para la revancha o el desacuerdo.

En tanto, en nombre del Partido de Trabajo (PT), el diputado Jaime Cárdenas, deploró que el Poder Legislativo se haya dejado presionar por los poderes fácticos y en lugar de dar dignidad a los millones de mexicanos, haya preferido quedar bien con los concesionarios de los medios electrónicos.

A su juicio, el Poder Legislativo está obligado a promover la insurgencia cívica y la resistencia civil pacífica en contra de la opresión de la oligarquía y los que detentan el poder político, mediático e ideológico.