Aunque la figura de extinción de dominio es un instrumento positivo para combatir las organizaciones criminales en materia de narcomenudeo, secuestro, delincuencia organizada y robo de vehículo; que procuradores y presidentes de tribunales superiores de justicia elaboraron un proyecto de ley nacional en la materia y que sólo en ocho estados del país opera esa medida, ésta no se aplica en todo el país por falta de acuerdos o de decisión política, manifestó el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Entrevistado al término de los trabajos del 12 Encuentro Nacional de Procuradores y Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia que se realizó en la ciudad de Campeche, el funcionario resaltó que existen casos, como el Distrito Federal, en que la medida ha servido para lesionar las estructuras criminales y que en el país están en marcha procedimientos de extinción de dominio contra grupos delincuenciales que tienen un impacto económico cercano a mil millones de pesos.

En el encuentro, los encargados de procurar e impartir justicia acordaron impulsar la aprobación de una ley que homologue los criterios de extinción de dominio en todo el país, ya que actualmente esa medida sólo opera en ocho entidades, entre ellas Puebla, Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León y Zacatecas.

En el caso de Puebla, las autoridades han ido integrando más de 50 expedientes pero no los han consignado ante un juez por carecer de juzgados especializados en la materia.

Carrancá Bourget mencionó que, de acuerdo con registros obtenidos de los juicios que han desahogado la Federación y el Distrito Federal, han sido más los casos exitosos que los que han fracasado en tribunales, y hay muchísimos que están en trámite o no se han resuelto de manera definitiva.