a juez federal Rafaela Franco Flores (quinto distrito en materia administrativa) negó ayer la suspensión definitiva reclamada por la empresa de telecomunicaciones MVS contra el procedimiento administrativo mediante el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la despojó de la banda de 2.5 gigahercios (Ghz).

La semana pasada la misma funcionaria ya había rechazado la suspensión provisional solicitada por el consorcio para seguir operando las concesiones que posee en esa frecuencia. Con ello, la SCT queda en posibilidad de perseguir el rescate de la banda en disputa. La perspectiva legal no parece favorable para MVS, habida cuenta de que el gobierno alega que el rescate es una acción de interés público y ante ese argumento los magistrados tienden a rechazar las demandas de amparo.

Parecería correcto, en principio, que los órganos de impartición de justicia no obstaculicen las acciones oficiales orientadas a recuperar bienes que son propiedad de la nación, como es el caso del espectro radioeléctrico en su conjunto, cuando los concesionarios de éstos no cumplen con las condiciones establecidas para su explotación.

Pero, independientemente del buen o mal desempeño de MVS en la utilización de los 2.5 Ghz, la decisión de retirarle las concesiones correspondientes no parece orientada por ningún propósito de privilegiar el interés público ni de preservar bienes nacionales, pues en materia de telecomunicaciones, el actual gobierno nunca lo ha tenido.

Da la impresión, por el contrario, de que el rescate anunciado el mes pasado por la Comunicaciones y Transportes responde, más bien, a los intereses privados el duopolio televisivo que domina buena parte de las emisiones y de las telecomunicaciones en el país, y para el cual MVS ha sido siempre un competidor incómodo.

Tal parece que se basa en la marcada parcialidad de las autoridades federales para con los consorcios Televisa y TV Azteca, a los cuales han buscado favorecer en cada una de sus decisiones, hasta el punto de consentir, recientemente, la integración de un monopolio entre ambos por medio de su asociación a través de Iusacell. Otro dato significativo es la permanente negativa a que Teléfonos de México pueda participar en el mercado de la televisión, negativa que contrasta con las facilidades otorgadas a las empresas televisoras mencionadas para que incursionen en la telefonía.

Estos antecedentes consolidan la sospecha de que la administración calderonista no busca privar a MVS de la banda de 2.5 Ghz para ponerla al servicio de la nación, sino para entregarla al duopolio al que ha venido favoreciendo, en detrimento del interés nacional, de la pluralidad y del libre mercado.

Sería pertinente que el Poder Judicial, en vez de dar por buenos en automático los argumentos oficiales sobre interés público, tomara en cuenta los antecedentes mencionados y operara como contrapeso a la parcialidad y la discrecionalidad con la que se han administrado, en el curso de este sexenio, las concesiones en el ámbito de las telecomunicaciones.