Saltillo, Coah., 3 de septiembre. El gobierno que no quiso ver todas las irregularidades denunciadas por múltiples actores sociales en este proceso electoral se va con cerca de 100 mil cadáveres esparcidos por todo el territorio, decenas de fosas clandestinas, cerca de 40 mil desapariciones forzadas, 200 mil desplazados, encarecimiento de los alimentos, fuga de capitales y venta de empresas mexicanas al capital extranjero, advirtió el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

En su opinión, los magistrados que calificaron la elección presidencial no quisieron ver la magnitud de la corrupción que hubo en las campañas electorales ni el riesgo de que se hayan podido financiar con dinero sucio, porque “esos son los frutos de quienes se sirven de la corrupción para gobernar y no podemos seguir aceptando que la perpetúen.

Esta corrupción previa en la venta del voto, que se manifestó en la invasión de los supermercados a los que se les agotó la mercancía por la cantidad de tarjetas que se repartieron, no importó a quienes supervisaron las elecciones como un ritual, para el que no hubo normas éticas que hay que cuidar y principios que garantizaran la autenticidad y libertad del proceso electoral, señaló.

El mismo proceso ritual, añadió, “siguieron las autoridades que calificaron la elección, para las que no hay normas éticas ni frenos morales, pues no les impresionó para nada la multitud de denuncias del recorrido del dinero, siguiendo los circuitos clásicos del lavado que utiliza el crimen organizado, ni las fachadas de empresas fantasmas, ni los prestanombres.

“El ritual de la falsa legalidad establecida para un proceso llevado con regularidad, sin sospechas del tamaño que las tiene este proceso –porque se trata de compromisos criminales, que tendrán sus resultados–, sirvió para justificar una calificación legal a un proceso con fundadas sospechas de estar más que comprometido con dinero sucio”, consideró.