Morelia, Mich., 3 de septiembre. El Congreso local llamará a comparecer a autoridades estatales si no resuelven pronto el conflicto en la comunidad Nueva Jerusalén, afirmó la presidenta de la comisión legislativa de derechos humanos, Laura González Martínez, quien consideró que en la localidad se han violentado las garantías individuales durante casi cuatro décadas.

La diputada panista dijo que en Nueva Jerusalén se violan varios derechos humanos, como los relacionados con la salud, la educación e incluso la libertad de pensar y de profesar la religión que cada quien desee. Hay una disputa de poder, y los niños no pueden ir a la escuela, lamentó.

El presidente municipal de Turicato, Salvador Barrera Medrano, informó que el gobierno estatal continúa con la instalación de aulas provisionales en La Injertada, que podrían estar listas para el lunes. Pero no vemos que esto sea la solución, porque los padres de familia no están de acuerdo en que sus hijos salgan de la comunidad.

Dijo que la preocupación del grupo laico de Nueva Jerusalén, opositor a la jerarquía religiosa que domina a la población, encabezada por el obispo Martín de Tours, es que si acepta que sus hijos tomen clases fuera de la localidad, el próximo paso será la expulsión que promueven los pobladores institucionales.

Barrera Medrano indicó que en una reunión celebrada el viernes, a la que asistieron representantes del grupo religioso, funcionarios del gobierno estatal y de la Secretaría de Gobernación, se acordó que habría libertad de tránsito en la comunidad también llamada La Ermita, pero los padres de familia no aceptan, porque consideran que se está concesionando la ley en favor del grupo que destruyó una escuela primaria (en julio), propiedad de la nación.

En tanto, el representante de los padres de familia, Emiliano Juárez Damián, manifestó que se preparan para la lucha que emprenderán a partir de esta semana ante el silencio del gobierno del estado, porque no aceptamos que nuestros hijos tomen clases fuera de la comunidad, porque aquí tenían su escuela y quienes la destruyeron no han sido castigados conforme a la ley. Todos saben que el conflicto no es religioso, que no es un asunto sólo de la escuela, sino que un grupo trata de imponerse y fomentar la ignorancia porque así ha sometido durante 39 años a un pueblo que creyó en milagros y que después se dio cuenta de que había sido engañado por vivales disfrazados de sacerdotes y videntes, enfatizó.

Reiteró el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y si tenemos que ir a la ciudad de México para ser escuchados, así lo haremos, concluyó.