l violento choque registrado anteayer por la mañana en el municipio de Chicoloapan, estado de México, entre dos grupos de transportistas antagónicos, además de saldarse con dos muertos y decenas de heridos, derivó posteriormente en un estado de zozobra y temor colectivos que se extendió a los municipios vecinos de Chimalhuacán, La Paz y Nezahualcóyotl, así como a la delegación Iztapalapa, ante la difusión de versiones –principalmente en las redes sociales– sobre presuntas agresiones, tiroteos, disturbios y asaltos indiscriminados en la zona.
Aunque las autoridades de los distintos niveles negaron tales versiones e incluso señalaron a las redes sociales como generadoras de pánico colectivo, tal postura quedó desvirtuada por la incapacidad de esos mismos gobiernos para ofrecer información oficial oportuna, confiable y suficiente que permitiera tranquilizar a la población. Otro tanto puede decirse de la pobre cobertura realizada por la mayoría de los medios de comunicación tradicionales en torno a estos hechos.
Así, al evidente vacío de poder que se puso de manifiesto en Chicoloapan –y que se reproduce, por desgracia, en otras latitudes y circunstancias, desde la cuota diaria de violencia atribuible al crimen organizado hasta el conflicto religioso que persiste entre laicos y fundamentalistas en la Nueva Jerusalén–, se sumó, en horas recientes, un vacío informativo a todas luces indeseable y peligroso: si el primero de esos fenómenos ha permitido el encumbramiento de poderes fácticos –legales o no– en distintas zonas del territorio y ha abierto un terreno propicio para la expresión violenta de los descontentos y las divisiones sociales, el segundo ha dado pie, por vía de la proliferación de información fragmentaria, imprecisa o llanamente falsa, a alteraciones de la paz social, de la convivencia pública y de las actividades económicas y educativas, como quedó de manifiesto entre ayer y anteayer en la zona oriente de esta capital.
Por lo demás, dos acicates adicionales a la pérdida de referentes informativos confiables que ahora se han expresado son, por un lado, la percepción pública de un grupo gobernante que actúa desde una dimensión meramente formal y de espaldas a la realidad social y, por el otro, el descrédito en que se encuentran la mayoría de los consorcios mediáticos que operan en el país, tradicionalmente proclives al alineamiento respecto de las versiones oficiales y a la manipulación informativa.
De cualquier forma, el conjunto de los medios informativos falló en el hallazgo, el procesamiento y la difusión de un hecho real: grandes sectores de la población viven con miedo.
En la circunstancia nacional presente, caracterizada por el quebranto sistemático del orden legal y el estado de derecho en diversas regiones del territorio, la calma de la población es un elemento indispensable para evitar una pérdida generalizada de la gobernabilidad y la paz social. Por desgracia, la erosión de la capacidad comunicativa de las autoridades –que constituye uno de los principales instrumentos de mando de todo régimen político– representa, en el momento actual, un indicador contundente de su incapacidad para hacer frente en forma eficiente, lúcida y apegada a derecho a los distintos desafíos y amenazas que enfrentan el país y su población.
