Culiacán, Sin., 7 de septiembre. La empresa Altya, que tiene la concesión para administrar los basureros de Culiacán, se niega a permitir que los desplazados por la violencia que viven en los rellenos sanitarios, trabajen en la pepena de desperdicios y obtengan recursos para sobrevivir, denunció la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de esta entidad (CDDHS).

Leonel Aguirre Meza, presidente del organismo, afirmó que las decisiones de Altya están por encima del gobierno municipal, y a éste no le importa el conflicto social que representan los desplazados por hechos delictivos, pues los concesionarios hacen lo que quieren y no hay autoridad que los obligue a lo contrario.

Hablamos de los desplazados por la violencia, de un conflicto social en el que ellos son víctimas, que es gente que viene de los altos de Culiacán, de Tepuche, Tecomate, Copaco y otras comunidades. No son turistas ni migrantes, a ellos les urge trabajar, comer y tener dónde vivir, pero a la autoridad no parece importarle, sostuvo.

Aguirre Meza, dijo que en el basurero ubicado en la colonia El Mirador, la Sociedad Cooperativa de Pepenadores ha logrado que entre 40 y 50 desplazados tengan trabajo en la recolección de basura, pero otros 140 no tienen empleo y están refugiados en este relleno sanitario.

Manifestó que otro tiradero ubicado en El Ranchito, sector sur de la ciudad, la basura es rica porque no hay quién la explote y puede generar recursos para el sustento de las familias, y Altya ha impedido el ingreso de pepenadores, lo que parece más bien una actitud caprichosa que una preocupación por la aplicación de la ley.

El ayuntamiento no ha dicho nada y conste que hablamos de gente que quiere trabajar, y Altya lo que teme es que se genere una relación laboral entre ella y los desplazados, pero no hay tal, no hay ese riesgo: ellos pueden trabajar por su cuenta para tener dinero y subsistir, comentó.

Datos de la CDDHS indican que en Sinaloa hay alrededor de 25 mil desplazados y no mil 700 como señaló el gobierno estatal en julio pasado, y son 11 de 18 municipios los que tienen este problema; aunque en muchos de éstos los afectados han optado por regresar a sus comunidades, debido a la miseria y la falta de oportunidades en las ciudades y pueblos en que se alojaron.

La dependencia refirió que al menos siete personas, entre ellos cinco integrantes de una familia, fueron abatidos a tiros por gente armada y que en las regiones en conflicto, no hay operativos especiales para resguardar el regreso y la permanencia de los afectados, además de que se mantienen operaciones ilícitas de grupos ligados al narcotráfico.

Queremos que tanto Altya como el ayuntamiento intervenga para solucionar esta situación, para que les den trabajo a los desplazados y a otros pepenadores, para mitigar un poco este problema que ya de por sí es gravísimo, sostuvo Aguirre.