s posible que las jornadas de pánico y zozobra colectivos que tuvieron lugar entre el miércoles y el jueves en la zona oriente del valle de México –como consecuencia de la difusión de rumores sobre supuestos tiroteos, disturbios y asaltos en varias delegaciones de la capital y municipios mexiquenses conurbados– hayan tenido un origen distinto que el simple desorden informativo y la falta de capacidad gubernamental para contenerlo. Según informó ayer la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cuatro de los cinco detenidos por los hechos aseguraron haber recibido un pago de 400 pesos a cambio de propalar versiones sobre sucesos de violencia en esa zona del área metropolitana. De ser cierta, esa declaración pondría en perspectiva la realización de maniobras orquestadas con el claro propósito de propiciar el pánico generalizado en la población y alterar severamente el orden público en la principal mancha urbana del país.
Ciertamente, la información oficial sobre el tema sigue siendo escueta y no permite establecer con claridad la relación causal entre esa aparente voluntad de generar miedo y la forma en que éste se expresó durante dos días seguidos en la franja oriente de la ciudad de México y en los municipios mexiquenses colindantes. Es difícil determinar, por ejemplo, si la desolación observada en las calles y los espacios públicos, el ausentismo en las escuelas y la suspensión de las actividades en las empresas y los comercios de las áreas afectadas fueron efectos premeditados por actores e intereses todavía sin identificar o bien si éstos simplemente quisieron montarse en una ola de descontrol y temor provocada previamente por motivos inciertos. Si bien cualquiera de los dos escenarios daría cuenta de acciones ilícitas y orientadas a alterar el orden público y la paz social, el primero resultaría particularmente preocupante, en la medida en que exhibiría la vulnerabilidad en que se encuentra la principal zona metropolitana del país frente a poderes decididos a extender la sensación de desamparo, angustia y peligro entre la población
Por ahora, y ante la falta de elementos adicionales de juicio, un punto de partida plausible para las obligadas tareas de esclarecimiento y comprensión cabal de lo sucedido es cuestionarse qué individuos u organizaciones podrían tener las capacidades logísticas, financieras y operativas para orquestar una maniobra semejante y, sobre todo, a quién beneficia y a quién perjudica la creación de escenarios de pánico colectivo en la ciudad capital y en su área conurbada.
No se puede soslayar, por lo demás, que los sucesos referidos ocurren en el contexto de una intensa movilización social como consecuencia de las irregularidades observadas en los comicios federales pasados y de la cuestionable validación jurídica de los mismos por parte del máximo órgano jurisdiccional en la materia. En vísperas de que esa movilización tenga una de sus concentraciones más importantes, mañana en el Zócalo capitalino, no es ocioso preguntarse si sucesos como los referidos contribuyen o no a inhibir la participación política y masiva de la ciudadanía.
Tampoco se puede desvincular el temor social vivido en Iztapalapa, Iztacalco, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chimalhuacán y Chicoloapan de las condiciones particulares que se viven en esas delegaciones y municipios, de por sí afectados por el azote de la criminalidad común y, en algunos de ellos, por la irrupción de la violencia asociada a la delincuencia organizada; recorridos por rezagos económicos y sociales inveterados, por ineficiencias en infraestructura y en los servicios públicos, y por otros elementos que dan verosimilitud a rumores como los difundidos en días pasados al tiempo que multiplica su impacto.
Sería deseable y necesario que las autoridades municipales, delegacionales, estatales y del Gobierno del Distrito Federal atendieran, en sus respectivos ámbitos de competencia, esos rezagos, y que adoptaran las medidas preventivas necesarias para conjurar la aparición de escenarios similares en el futuro. Pero sobre todo es fundamental que esas autoridades asuman un compromiso con la verdad y la transparencia, y esclarezcan cuanto antes si los sucesos del 5 y 6 de septiembre obedecieron o no a un designio desestabilizador y, en todo caso, quiénes son los responsables y por qué motivo.
