uchos años de entrega a la función pública. Un programa congruente con nuestras realidades y los anhelos de nuestro pueblo… entendí desde un principio, que ese apoyo significaba el más grande y solemne compromiso: servir a todos, a los que habían estado a favor y a los que habían estado en contra. Me llevo el calor de los que no concibieron nunca la celada ni la perfidia… Durante seis años viví intensamente el dolor de México. Sereno me someto a su juicio implacable”: Gustavo Díaz Ordaz. Último informe presidencial de un régimen marcado por el odio y la violencia provocada y fomentada irresponsablemente por él mismo. Una secuencia de frases deshilvanadas y llenas de falsedad, que narraban a su modo los seis años del terror más cruel, padecido por el pueblo de México durante la segunda mitad del siglo XX.

Seguramente el hombre que más daño hizo a nuestro país a lo largo de ese siglo, el que más gente engañó, el hombre nacido del odio y para el odio, el engaño y la traición, pronunció este discurso, algunas de cuyas frases aquí reproducimos, porque cada una de ellas encerraba una mentira. El juicio de cada uno de los miembros de la sociedad mexicana fue implacable; terminó solo, repudiado y condenado por la nación entera, perseguido por sus rencores, su sed de sangre y por los fantasmas de sus crímenes y de los daños irreparables que había cometido. Y sin embargo, su partido, el PRI, hasta el último día de su mandato, se mantuvo fiel y por ello cómplice de sus acciones. Ese es el partido que ahora iniciará una nueva época de gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho posible esto? Considero que existe una sola respuesta: ¡La impunidad! La impunidad que parece ser la constante de los más altos niveles de gobierno.

La Constitución de nuestro país, en su artículo 93 según recuerdo de lo que me hicieron memorizar en la primaria, dice a la letra: Protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y velar por el bienestar del pueblo mexicano, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Este juramento hecho por los presidentes de la República, en el momento mismo de su investidura como tales, se ha quedado como protocolo vacío, que es repetido en cada ceremonia de toma de poder, sin mayor comprensión de su significado y sin que de manera alguna constituya algo más que parte de un ritual carente de importancia, que ellos deben repetir como pericos, como lo hacia Alí Baba con su ábrete Sésamo, para acceder a la cueva del botín.

Éste ha sido el caso de todos los presidentes de la segunda mitad del siglo XX y de lo que va del XXI, y desde luego, este es el caso particular de Felipe Calderón Hinojosa, quien tuvo que repetirlo en su momento, no porque hubiese ganado una elección, sino antes que nada, porque ello aseguraba la impunidad de su antecesor Vicente Fox, ante todas las tropelías que había dejado cometer a sus amigos y de manera especial a su esposa y familiares cercanos; fue así como el señor Fox pudo con tranquilidad vivir días felices, como si ningún daño hubiese cometido al país.

Hoy, la historia se repite, la impunidad del señor Felipe Calderón constituye la razón esencial del supuesto triunfo del siguiente Presidente electo democráticamente, no obstante que para ello haya sido necesario rebasar los topes de los gastos de campaña por más de 20 tantos dicha cantidad, de que su campaña de medios pasase por encima de todas las normas establecidas y de que existan evidencias masivas de compra de votos y de sospechas de financiamientos ilícitos, provenientes de empresas fantasmas protegidas por el sistema bancario mexicano, cuya existencia y origen hasta ahora no han sido negados ni aclarados.

¿Qué es para lo que Calderón necesita un escudo de impunidad, además de su ahora clara injerencia en el proceso electoral? Las respuestas pueden ser muchas, desde tráfico de influencias por parte de sus colaboradores más cercanos, de la permisión del manejo discrecional de los recursos públicos por parte de los gobiernos estatales, y de su propia administración, del nombramiento de funcionarios incapaces y corruptos para desempeñar puestos públicos (como los brillantes consejeros y jueces del IFE y Trife), de la entrega de concesiones ilícitas a empresas extranjeras para explotar el subsuelo mexicano, de la injerencia de gobiernos extranjeros en asuntos estratégicos relacionados con la soberanía nacional permitida por él y, sobre todo, de su incitación a la violencia, mediante una supuesta declaración de guerra al crimen organizado, sin analizar responsablemente lo que esa guerra podía costar a la población civil, ni el impacto que tendría en las instituciones civiles y militares del sistema de seguridad nacional.

Como resultado, hoy vivimos en una situación inédita de violencia que no parece tener fin, en medio de la cual, cientos de mexicanos ajenos al problema han sido agredidos, privados de su vida o de sus derechos y su dignidad, por un gobierno incapaz de dar cuentas siquiera de las armas que ha permitido se internen a nuestro país y sus organizaciones delictivas de manera ilícita, y mucho menos de informar con veracidad de las personas que han perdido la vida o que han sufrido lesiones o consecuencias materiales de esta guerra irracional, que hace hoy de nuestro país un ejemplo de lo que no debiera suceder en ningún lado.

Considerando que resulta infantil pensar que el nuevo gobierno decida llevar a juicio al señor Felipe Calderón por sus crímenes y omisiones, por ello utilizo hoy este espacio en el más digno y responsable diario de nuestro país, para proponer a las organizaciones sociales mexicanas la realización de un juicio por parte de la sociedad, acorde con los fundamentos constitucionales y antes de la conclusión de su mandato, para dar cumplimiento por vez primera a este artículo de la Constitución. Propongo así, la realización de un juicio sereno, que constituya una lección a las autoridades y en especial a los tribunales de justicia, que por su transparencia y apertura para sopesar acusaciones y posibles justificaciones no deje lugar a dudas sobre la responsabilidad del mandatario, un juicio que por su seriedad y respaldo de la nación entera, se convierta en un símbolo de la soberanía del pueblo, para terminar con el estado actual de la vida nacional, en el que las leyes y las normas pueden ser transgredidas impunemente, y de manera especial, por quienes deberían ser ejemplo para el país.

Con ello, no buscaremos castigos más allá del señalamiento de lo que la sociedad mexicana en su conjunto reprueba y reclama a su Presidente en funciones, de manera que las naciones del mundo sepan que el pueblo de México y sus gobernantes nada tienen en común; no tengo la menor duda hoy, de que esta es la medicina amarga que puede aliviar al país y dejar un testimonio a las generaciones venideras, de que, en este tiempo obscuro, nos levantamos a denunciar y sancionar los crímenes de quienes nos gobiernan.

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