La Procuraduría General de la República (PGR) realiza una investigación por un delito poco estudiado por los jueces mexicanos, el cual puede llevar a la cárcel al alcalde de Cuernavaca, Morelos, Rogelio Sánchez Gatica, de filiación priísta; a la ex tesorera, Alma Domínguez Torres, así como a directivos de diversas áreas de BBVA Bancomer y de Banamex.

Los funcionarios municipales y los directivos bancarios fueron acusados de disponer, en contubernio y sin autorización de un cuentahabiente, de 53 millones de pesos de la cuenta que una empresa mexicana tiene abierta en Banamex, según consta en la averiguación previa UEUDF-F/FINM15/202/2012, mesa XV, unidad delitos fiscales y financieros, a la que tuvo acceso La Jornada.

Esa cantidad, más intereses pactados por las partes, forman parte de un préstamo que la empresa Padimex SA de CV –representada por Isaac Gildardo Vázquez Luna– otorgó el 13 de diciembre de 2011 al ayuntamiento de Cuernavaca, que entonces encabezaba el priísta Manuel Martínez Garrigós, para hacer frente a diversos adeudos del municipio.

El 28 de marzo pasado, la entoces tesorera de Cuernavaca, Alma Graciela Domínguez Torres, autorizó el pago a Padimex, por lo que de la cuenta de cheques 0186680585 abierta a nombre del ayuntamiento, en Bancomer, se transfirieron 53 millones de pesos a la cuenta de esa compañía en Banamex (número 165-7961678).

La afectada es la empresa Padimex

Ese mismo día, Banamex, a petición de Bancomer, bloqueó y devolvió los fondos (53 millones de pesos) de la cuenta de Padimex a la que el municipio de Cuernavaca tiene en Bancomer.

Según consta en documentales privadas y públicas, expedidas por los bancos y por el propio ayuntamiento, en respuesta a requerimientos de información que ha hecho la PGR como parte de esta indagatoria, los bancos en ningún momento dieron aviso a la empresa Padimex de esta situación.

Se trata de una acción totalmente ilegal y previsiblemente violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución, pues los bancos no están autorizados para disponer del dinero de sus clientes sin autorización de ellos, coincidieron en señalar Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, y Manfredo Sánchez Loera, abogado especialista en instituciones de crédito, quienes fueron consultados para este caso.

Reyes Peralta, quien encabeza a una agrupación de aproximadamente 3 mil penalistas en el país, agregó que si bien es cierto que el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito permite a los bancos realizar una serie de ajustes, bloqueos, transferencias y modificaciones en el saldo de las cuentas bancarias, de ninguna manera lo pueden hacer sin antes notificar a sus clientes sobre la realización del cualquier movimiento o transferencias.

La Jornada buscó a directivos de Bancomer y Banamex para que manifestaran su opinión sobre este caso, pero no hubo respuesta oficial.

Este no es el único caso de este tipo que ocurre en México, aunque si es de los pocos que actualmente investiga la PGR.

De acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), obtenidas vía transparencia, en el primer semestre de 2012 los usuarios de la banca comercial presentaron 65 mil 598 quejas ante esa instancia de conciliación que se convirtieron en controversias, de las cuales apenas 57 por ciento se resolvieron en favor del usuario.

De todas esas quejas, sólo tres casos terminaron en denuncias penales, entre ellas la relacionada con el caso Padimex.

Las principales inconformidades o causas por las cuales los usuarios iniciaron el proceso de reclamación fueron: consumos no reconocidos, gestión de cobranza indebida, solicitud de cancelación de crédito no atendida y retención, bloqueo y disposición ilegal de los montos de cuenta de cheques o ahorro, como en este asunto.

Treinta y nueve por ciento del total de las controversias abiertas en Condusef se relacionaron con Banamex, mientras que 24 por ciento correspondieron a BBVA Bancomer y 10 por ciento a Santander, según las estadísticas reveladas por la propia comisión.

Los directivos de BBVA Bancomer que están en la mira de la PGR (todos del área jurídica) son: Javier Montero Morales, Javier Barragán Santoyo, Alejandro Zinser Sierra, María del Carmen Roldán Platas, Héctor Alejandro Garduño Navarro y Andrea Zeregido; mientras que por parte de Banamex se investiga a José Guillermo Israel López Cerna.

La explicación que dio Banamex a Pavimex fue la siguiente:

“En atención al instructivo de notificación de fecha 18 de mayo de 2012, formulado ante la fe de notario 5 del Distrito Federal, licenciado Alfonso Zermeño Infante, en el que se nos solicita una cantidad de dinero, adjunto a la presente, nos permitimos anexar copia de las cartas de fecha 28 y 30 de marzo, así como del 3 de abril de 2012, a través de las cuales BBVA Bancomer requirió a Banamex la devolución de la transferencia de 53 millones de pesos realizada a la cuenta 1657961678.

Con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente, procedimos a devolver los recursos a Bancomer, para abonarlos a la cuenta de origen, argumentó José Guillermo Israel López Cerna, funcionario de Banamex en un documento que tiene la PGR.