Puebla, Pue., 9 de septiembre. Una caravana de más de 80 personas, entre representantes de Amnistía Internacional (AI), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, llegó hasta el penal de Huauchinango, donde exigió la liberación inmediata de José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, recluidos por dotar de agua al pueblo de Atla.

La caravana, que partió el pasado sábado de la ciudad de Puebla y el Distrito Federal –simultáneamente–, arribó alrededor de las 12 horas al reclusorio de Huauchinango. Sin embargo, por cuestiones de seguridad sólo a seis personas se les permitió ingresar. En paralelo, integrantes de AI en Holanda e Italia efectuaron un acto en solidaridad con los activistas.

Afuera de la cárcel, los manifestantes grabaron un video con un mensaje de aliento a los presos de conciencia, en el que participaron todos los que llegaron en caravana, el cual fue mostrado a José Ramón y Pascual; también les llevaron un paquete de cartas escritas por alumnos y docentes de la Universidad Iberoamericana Puebla, como gesto de solidaridad.

A su salida, los seis activistas que entraron al penal señalaron que para José Ramón y Pascual la visita representó un día de fiesta. Después de casi mil días de estar en la prisión de Huauchinango, por vez primera recibieron a su familia completa. Indicaron que se encuentran en buen estado de salud y que al interior del penal no se les tiene hacinados.

Los abogados Andrés Díaz y Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expusieron la posibilidad de que ambos sean liberados en octubre. Estamos en espera del resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el caso ya fue estudiado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó Díaz.

Señaló que la detención de José Ramón y Pascual se logró con el contubernio de una red de abogados que laboran en el Poder Judicial del estado de Puebla, porque el delito de que se les acusa fue fabricado y se les encarceló por el supuesto robo de un vehículo, cuando ninguno de los dos sabe conducir automóvil.

Hace cuatro años, los dos activistas de Atla fueron electos presidente auxiliar y juez menor de paz en esa comunidad, cargos de los que se valieron para distribuir el líquido a más de la mitad de la población, mediante la repartición gratuita de tomas de agua.

Andrés Díaz refirió que esto revirtió el abuso económico a que ha estado sujeta la población a manos de los caciques Cristóbal Aparicio y Guillermo Hernández Cruz, quienes cobran hasta 5 mil pesos a cada familia por la toma de agua.