Bogotá, 11 de septiembre. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazaron que tengan en su poder a más de 200 personas secuestradas y aseguraron que la solución al tema del narcotráfico es política, no la represión o la guerra.

Ustedes hablan de secuestrados, nosotros de retenciones, afirmó Rodrigo Granda, portavoz del grupo rebelde para el diálogo con el gobierno colombiano.

Consideramos que las retenciones de carácter económico tuvieron su función, pero en febrero último dijimos que no lo íbamos a hacer más. Reto a que demuestren si después de ese pronunciamiento lo hayamos seguido haciendo, subrayó en declaraciones a la emisora local Blu Radio.

Granda admitió que ese tema es uno de los más fuertes que se va a enfrentar en la mesa y manifestó la disposición de las FARC a tratar con los familiares cada caso que se les atribuye.

Según la organización no gubernamental País Libre, la principal guerrilla colombiana ha secuestrado durante este año a entre 10 y 15 personas, de las cuales no se sabe nada, con lo cual habría incumplido su palabra de cesar los secuestros extorsivos.

Granda rechazó por otra parte que las FARC produzcan drogas y aseguró que el tema del narcotráfico ha sido manipulado, pero reconoció que sí cobran un impuesto en las áreas del país donde se produce hoja de coca.

El tráfico de cocaína lo hacen ellos, los gringos. El narcotráfico ha permeado toda la vida de la sociedad colombiana. Nosotros no tenemos relación con los laboratorios, añadió, y sostuvo: somos una organización política y militar con objetivos claros y definidos.

El narcotráfico es un negocio multimillonario que genera más dinero que el tráfico de armas, indicó el dirigente rebelde al subrayar que las políticas internacionales para combatirlo han fracasado y que la solución es política, no la represión o la guerra.

Las declaraciones del vocero rebelde se produjeron en momentos en que continúa el debate por la propuesta de la guerrilla para que Simón Trinidad, preso en Estados Unidos, participe en el proceso de negociaciones de paz.

Por su parte, el delegado de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, afirmó que la presencia y participación de Trinidad en las pláticas estaría condicionada por conceptos jurídicos de la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Howland dijo que ello obedece a que Ricardo Palmera –verdadero nombre de Trinidad– es acusado por delitos de lesa humanidad y su juridiscción podría ser solicitada por esos organismos.

A todo esto, el ex mandatario colombiano Álvaro Uribe dijo a Reuters que el presidente venezolano Hugo Chávez autorizó en secreto en 2009 a Colombia a capturar ilegalmente en Venezuela al líder de las FARC Iván Márquez, quien se refugiaba en ese país y sigue prófugo, para ser llevado a Bogotá y juzgarlo por narcotráfico, terrorismo y secuestro.

Uribe relató a la agencia que Chávez le hizo la propuesta subrepticiamente en la Cumbre de las Américas de 2009.

Uribe declaró que el actual diálogo de búsqueda de la paz beneficia a Chávez porque permite lavarle la cara como protector y legitimador del terrorismo colombiano, y criticó que esa publicidad le ha sido servida a Chávez en bandeja de plata por el presidente Juan Manuel Santos para la relección.