El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció criterios fundamentales en materia de fuero militar, entre los que destacan: la inconstitucionalidad del párrafo segundo, inciso a, del artículo 57 del Código de Justicia Militar y que todos los delitos cometidos por soldados que involucren a civiles o que violen derechos humanos serán juzgados invariablemente por el fuero ordinario o civil.

Luego de resolver 10 amparos que involucran a soldados que cometieron delitos en agravio de civiles o que violaron la disciplina militar, los ministros aprobaron por mayoría los lineamientos que regirán la conducta de los tribunales castrenses, del fuero federal y del fuero común para juzgar a militares que cometan delitos no relacionados con la milicia.

Después de más de 12 sesiones, el pleno precisó que son delitos contra la disciplina militar los que fueren cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de actos del mismo.

La importancia de estos criterios radica en que muchos de los delitos que se imputan a los militares desde que salieron a las calles a combatir al narcotráfico o por violación a los derechos humanos, han sido procesados en el fuero de guerra con el pretexto de que los soldados cometieron los ilícitos estando en servicio.

Una vez fijados los lineamientos ayer, el pleno resolverá el próximo jueves un asunto más y los otros 17 amparos previstos sobre el tema (en total eran 28 relacionados con el fuero de guerra) serán dictaminados por la primera sala de la Corte en sesiones posteriores.

Con esta decisión, los amparos pendientes –que tienen que ver con delitos contra la salud, homicidios y violaciones a los derechos humanos de civiles– ya no se discutirán en sesión pública transmitida en vivo por el Canal Judicial y por Internet; serán dictaminados por la sala sin mayor discusión y sin detallar los delitos y hechos que se imputan a los militares involucrados.

Ayer, por mayoría de ocho votos, el pleno aprobó que el soldado de la tercera brigada de infantería, Fidel Flores Ábrego, acusado de alterar la escena del crimen después de que murió acribillado por soldados el médico Jorge Otilio Cantú Cantú, el 18 de abril, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, sea juzgado por un juez federal.

Los ministros resolvieron que el militar, acusado de haber depositado un arma de fuego y tres cartuchos en el carro de la víctima para aparentar que había disparado contra los elementos del Ejército, sea procesado por un juez federal, que deberá establecer, una vez que el juez militar decline la competencia, si procede dictar auto de formal prisión al acusado.

En otro asunto, los ministros resolvieron que el teniente de infantería Martín Ovando Rueda sea juzgado por el fuero castrense por violar la disciplina militar y delitos contra la salud, luego de que informó a sus superiores que había destruido plantíos de enervantes en marzo y abril de 2010, cuando fungía como comandante de la Base de Operaciones Grecia 4 en el área de Guachochi, Chihuahua, cuando en realidad no erradicó la totalidad de los cultivos.

Hubo consenso en que el auto de formal prisión contra Ovando Rueda, por infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército y delitos contra la salud, corresponde juzgarlos al fuero militar, porque el acusado habría violado la disciplina castrense y no está relacionado ningún civil.

El pleno de la Suprema Corte estableció que el asunto sea turnado a un tribunal colegiado y éste lo regrese a un juez militar para que desahogue el proceso.