El acuerdo 23/2012 del pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que restringe la labor de los reporteros que cubren las actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF) con el argumento de incrementar las medidas de seguridad de los juzgadores, es violatorio de los artículos 1º, 5 y 6 de la Constitución y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aseguraron abogados penalistas, especialistas en amparo y juristas expertos en garantías individuales y libertad de expresión.

¿Un periodista es peligroso para un juez? Por supuesto que no. Pero el acuerdo del CJF sugiere que puede ser peligroso para un juez el que un reportero deambule libremente por los pasillos de un juzgado o de un tribunal. Esto es violatorio de los derechos humanos de los periodistas, sostuvo Martín Millán, especialista en derecho internacional.

Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, dijo que el acuerdo es incongruente para el propio PJF, ya que no es general y se limita a juzgados y tribunales de circuito, mas no incluye las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reyes Peralta, quien encabeza una agrupación de más 3 mil penalistas a escala nacional, precisó que se trata de un acuerdo contrario a la modernidad que vive México, ya que por una parte impulsa una reforma a las leyes de transparencia y acceso a la información pública, mientras el CJF limita el libre ejercicio profesional de comunicadores y periodistas.

Asimismo, hizo un llamado al PJF a dar marcha atrás al acuerdo de la Judicatura, ya que si bien es indispensable garantizar la seguridad de los juzgadores, ésta no debe estar por encima de la necesidad de contar con un Poder Judicial transparente.

En tanto, el presidente de la Unión Nacional de Juristas de México, Eduardo Miranda Esquivel, refirió que el ministro Juan Silva Meza, cabeza de la SCJN y del CJF, debe garantizar el respeto a los derechos humanos y laborales de los comunicadores, conforme a lo previsto en los artículos 1º, 6, 7 y 100 de la Constitución, por lo que está obligado a cancelar el acuerdo 23/2012 de la Judicatura Federal.

Miranda Esquivel destacó que dicho acuerdo es un acto inconstitucional y discriminatorio, porque la creación de normas es facultad exclusiva del Poder Legislativo y no del pleno de la Judicatura. En México, agregó, está prohibida toda discriminación motivada por cuestiones laborales, de opinión o de cualquier índole que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos de las personas, como la libertad de prensa, el acceso a la información cuando ésta tiene carácter público.

En el mismo sentido, el abogado Heraclio Bonilla, ex defensor del presidente Luis Echeverría, destacó que los periodistas, afectados con la medida del CJF están legitimados jurídicamente para impugnarla mediante el juicio de amparo, ya que atenta contra diversas garantías individuales de los comunicadores.

Finalmente, Alberto Guerrero Rojas, especialista en derecho administrativo y disciplinario, recomendó al CJF demostrar que la medida adoptada por el pleno efectivamente va encaminada a garantizar la seguridad de los jueces, para que se aleje cualquier sospecha de que se trate de una intención velada de censurar la labor de los periodistas.