El bloque de izquierda en la Cámara de Diputados y la Unión Nacional de Trabajadores elaboraron una iniciativa de reforma para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Federal de Trabajo con el objetivo de democratizar las relaciones laborales, otorgar plena autonomía sindical a las organizaciones de trabajadores para evitar el verticalismo y la coacción de agremiación.

La iniciativa pretende ser correspondiente con la reforma al artículo 123 constitucional (que será presentada por separado), para suprimir el apartado B y de esta forma otorgar derechos colectivos plenos a los trabajadores del campo y la ciudad sin excepciones de ninguna naturaleza.

La iniciativa respeta escrupulosamente la estabilidad en el empleo, principio característico de la legislación mexicana respecto de las que existen en otras latitudes. Ante la destrucción masiva del empleo, producto de las crisis económicas recurrentes en el país, el valor de la estabilidad en el puesto de trabajo ha cobrado fuerza.

También se amplían derechos y se precisan obligaciones de trabajadores y patrones. “Por cuanto a los segundos se dispone que tienen la obligación fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, para el debido conocimiento de los trabajadores, el texto vigente del contrato colectivo y de su tabulador de salarios así como el padrón contractual actualizado… se prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, a votar por determinada candidatura o intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato.”

También se abunda en los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, a quienes se les ha negado el derecho a un trabajo digno, con el consecuente deterioro de sus condiciones de vida y de trabajo. La precariedad en que desarrollan sus labores los coloca en una situación de exclusión en el pleno ejercicio de sus derechos humanos y laborales.

En el ejercicio de su trabajo han enfrentado situaciones de alto riesgo que ponen en peligro su vida, algunos desafortunadamente han perdido la vida, quedando sus beneficiarios en la total desprotección; bajo estos hechos las empresas no asumen la responsabilidad de cubrir las prestaciones, poniendo al descubierto las prácticas de simulación laboral que tanto dañan a la economía y a las instituciones de seguridad social y sobre todo a la desprotección de los más de 23 mil trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación.

Derechos colectivos, eje de la propuesta

El eje de la iniciativa es el relacionado con la ampliación de los derechos colectivos. En esta propuesta de reformas se avanza en la configuración de un nuevo modelo, dejando atrás la herencia corporativa de la ley en vigor, en donde el Estado interviene discrecionalmente en la vida sindical y niega o concede el ejercicio de esos derechos. En su lugar se alienta una opción distinta, en la cual son los propios trabajadores el sujeto principal de esos derechos colectivos, y se reduce ostensiblemente la intervención del Estado. En adelante, la garantía del ejercicio pleno de los derechos colectivos será el respeto absoluto a la ley.

Por lo que hace al derecho de huelga, se enfatiza en que este procedimiento no podrá ser afectado por medida administrativa o judicial alguna, que no esté sustentada en las disposiciones contenidas en la ley. Ésta y las anteriores disposiciones conducen a impedir que la requisa prevista en diversos preceptos legales, así como otras medidas administrativas aplicadas por el gobierno, impidan el ejercicio constitucional de la huelga.