Las 14 empresas productoras e intermediarias de huevo más importantes de México son investigadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para determinar si tienen responsabilidad en el encarecimiento del alimento.

Se trata de Industrias Bachoco, El Calvario, Rancho Grande, Avigrupo, Flagasa, Empresa Guadalupe, Grupo Marlan, Grupo Alpera, Agropecuaria Sanfandila, Nutrypollo, Sabropollo, Pollo de Querétaro, Comercializadora de Huevo de Sinaloa y Proteína Animal, reveló a La Jornada, Bernardo Altamirano, titular de Profeco.

Es una investigación sin precedente en la historia de Profeco, con requerimientos de información a los productores a nivel documental y con visitas in situ a los productores. La magnitud del problema, obligó a la dependencia a extender sus averiguaciones más allá del ámbito comercial con sus tradicionales visitas de verificación y vigilancia a pequeños comercios, mercados y centrales de abasto. Todo con el fin de cubrir la cadena completa producción, distribución y comercialización de huevo para determinar si hubo abusos y en qué eslabón se dieron, para que más allá de la capacidad coercitiva que por ley tiene, Profeco haga transparente cuál fue el problema económico.

En entrevista exclusiva, el procurador admitió que ni siquiera se sabe todavía cuántas gallinas ponedoras perdió o sacrificó cada empresa con la influenza aviar y manifestó que la investigación servirá para esclarecer si los reportes que los productores dieron al respecto cuando comenzó el problema fueron reales o indebidos. Acotó que sigue abierta por lo no se puede determinar aún si las empresas incurrieron en violaciones a la ley y sería un despropósito de mi parte anticipar si van a ser sancionadas.

Se abstuvo de hablar de especulación al argumentar que es un término económico y no legal, por lo que si Profeco encuentra irregularidades tendrá que sustentar sus acusaciones en presuntos abusos cometidos por proveedores en circunstancias especiales(como escasez y lejanía en el abastecimiento de un bien) que afectan derechos específicos de una colectividad así como en la manipulación de precios, como se contempla en los artículos 10, 25 y 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) y los artículos 18 y 19 de su reglamento.

Como autoridad que me corresponde sancionar los abusos, afirmar o no que hay especulación puede generar un mal mensaje. Atacar la especulación se hace mediante herramientas económicas, como los apoyos del gobierno federal a los productores (....) Nosotros no podemos ni debemos corregir al mercado, ni exigir que haya precios fijos pero sí sancionar conductas abusivas o coercitivas en términos de la LFPC, dijo.

La palabra especulación “no implica una sanción o multa por parte de Profeco porque lo que nuestra ley marca son ‘prácticas abusivas, coercitivas o desleales’ que se refleja en el precio final de un producto y afecta a los consumidores. Tenemos que reconocer que hay libre mercado y es un mecanismo idóneo que permite comercializar bienes y servicios de manera benéfica al consumidor”.

Incluso sentenció que no porque haya un aumento es en sí mismo un abuso ya que argumentó que si los productores perdieron miles de aves tuvieron que ajustar sus costos de producción y con ello se afectó toda la cadena hasta llegar al consumidor final.

Tan inédita es la investigación de Profeco entre productores, que las empresas citadas nunca antes habían recibido un requerimiento de información de la dependencia y ahora ya se les envió un segundo requerimiento, comentó Bernardo Altamirano.

Cuando el huevo comenzó a subir de precio a finales de junio, explicó que Profeco sólo se abocó a la parte comercial, con operativos de vigilancia y verificación de precios en establecimientos comerciales que, paralelamente al anuncio de que se abrirían cupos de importación sin arancel, propició que el alimento comenzó a abaratarse.

Sin embargo, a partir del 20 de julio se disparó otra vez, incluso a niveles mayores que en la primera etapa, y Profeco detectó que las alzas no obedecían sólo a malas prácticas económicas y comerciales, es decir abusos de comerciantes contra consumidores finales, sino que la influenza aviar no tuvo el impacto marginal en la producción de huevo que se creyó al inicio de la alerta sanitaria. Fue mayor al grado que, dijo el procurador, hay una importante afectación en la oferta porque hay menos producto en el mercado.

Eso nos obliga a ver qué estaba pasando efectivamente en la parte de la producción y lanzamos requerimientos (de información) a 14 productores para conocer la magnitud del daño, pero sólo se les pidió información comercial, como copias de sus facturas para saber en cuánto estaban vendiendo el producto a sus clientes. Cuando el precio de los blanquillos se disparó de nuevo, la Subprocuraduría de Verificación y Vigilancia de Profeco, a cargo de Rubén Durán Miranda, les hizo un segundo requerimiento para determinar cuántas aves sacrificaron y qué tanto se redujo su producción de huevo, es decir la parte de producción y ya no sólo de comercialización.