Jalapa, Ver., 12 de septiembre. El gobernador Javier Duarte de Ochoa celebró la solicitud que hizo el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para que haga público el procedimiento administrativo mediante el cual se devolvieron los 25 millones de pesos en efectivo que el gobierno federal decomisó en enero en el aeropuerto de Toluca a dos empleados del gobierno estatal.

Este día se dio a conocer que el Ifai solicitó al SAE dar a conocer el oficio de la Procuraduría General de la República (PGR) que dejó sin efecto el decomiso.

En una información oficial, el mandatario estatal afirmó que su administración es la más interesada en transparentar la actuación de las diversas instancias, tanto del gobierno estatal, de procuración de justicia y hacendarias, que finalmente confirmaron la legalidad y legitimidad de la operación.

La petición transparentará y dará certidumbre al procedimiento, y los medios de comunicación podrán tener información real y no dar espacio a especulaciones, dijo.

Afirmó que la PGR actuó apegada a derecho, y una vez confirmado fehacientemente el origen y destino de esos recursos públicos, autorizó su devolución.

En torno a la polémica que generó el traslado de dinero en efectivo, dijo que eso tuvo que ver con filtraciones mediáticas sesgadas que generaron confusión y derivaron en ataques a la administración estatal, situación que se agravó por el ambiente electoral.

El 27 de enero de 2012 la Policía Federal conficó 25 millones de pesos en efectivo a los empleados estatales Said Zepeda y Miguel Morales Robles, quienes dijeron que entregarían el dinero a la empresa Industria 3, SA, proveedora de servicios para la fiesta de La Candelaria, en Tlacotalpan; el carnaval de Veracruz, y el festival Cumbre Tajín.