a Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer ayer el contenido de una nota diplomática enviada hace casi 10 meses a Washington en la que solicita al gobierno vecino que otorgue inmunidad al ex presidente Ernesto Zedillo, quien fue acusado en una corte de Connecticut por presunta responsabilidad en la masacre de Acteal.

En el documento, el gobierno mexicano rechaza cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional en los que presuntamente intervino el Presidente de la República (sic) y sostiene que cualquier acto realizado por el ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León (...) se llevó a cabo en el curso de su función oficial como jefe de Estado.

Llama la atención que este repentino celo por la soberanía provenga de un gobierno caracterizado por tolerar y propiciar la injerencia de Washington en tareas policiales, militares, diplomáticas y de inteligencia que únicamente corresponden al Estado mexicano, y que ha sido más que generoso en el reparto de contratos y en la concesión de recursos naturales a intereses extranjeros. Es significativo, además, que el gobierno abogue en favor de un ex mandatario cuyo gobierno se caracterizó por el abandono de las obligaciones básicas del Estado en los ámbitos de la soberanía, la alimentación, el empleo, la educación, la salud y los servicios.

La misma doble moral se aprecia en el gobierno de Washington, el cual ahora acepta la petición formulada por la SRE, aunque en otros momentos no ha mostrado escrúpulos para allanar soberanías nacionales mediante métodos violentos e ilegales.

Pero aun si el pretendido respeto de las administraciones de Felipe Calderón y Barack Obama hacia las soberanías fuera real y no simulado, el recurso de dicho principio en el contexto de una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad sería improcedente porque tales delitos no pueden ser juzgados con base en el derecho positivo de cada país, sino de conformidad con principios jurídicos y morales internacionales, como ha sido aceptado y promovido por el propio gobierno estadunidense en diversos momentos de la historia reciente. Más aún: en un ámbito institucional como el mexicano, donde es fama que priva un arreglo tácito de encubrimiento de los excesos y las faltas de gobiernos anteriores, la perspectiva de esclarecimiento y justicia para episodios como el de Acteal sólo parece tener posibilidades en el ámbito de la justicia internacional.

Con todo y sus puntos cuestionables, el proceso civil emprendido contra Zedillo por la masacre de Acteal habría podido ayudar a despejar dudas o a reafirmar sospechas sobre la participación del actual académico de Yale en los asesinatos del 22 de diciembre de 1997. En cambio, el afán de recurrir a una inmunidad presidencial a todas luces improcedente, más que reivindicar la pretendida inocencia del ex mandatario, abona a la percepción generalizada sobre su culpabilidad, y hace ver a los gobiernos involucrados –el mexicano y el estadunidense– como garantes de impunidad.