a coyuntura política actual del país se resume en pocas palabras. El gobierno panista que está dejando el poder ha sembrado una serie de pendientes que pretende heredar al nuevo gobierno. Esto lo ha venido haciendo Felipe Calderón de última hora, entre otras muchas cosas con su proyecto preferente ante la Cámara de Diputados sobre una reforma laboral que, de entrada, o de salida, intenta lograr un nuevo estatuto del trabajo que no deja lugar a dudas sobre su intención injusta y arbitraria contra los trabajadores y los sindicatos, a los cuales durante todo su sexenio se ha dedicado a golpear, minimizar o someter a una política antisocial de absoluto corte empresarial.

Esta intención no puede ser más clara. Consiste en poner de rodillas, mediante esa reforma, a los sindicatos y a los trabajadores frente a los intereses más negativos de los empresarios, que además difícilmente podrá ser aprobada en lo que resta de las labores legislativas de este año. Nunca las improvisaciones han dado resultados positivos, sobre todo en campos tan importantes y cruciales como el de las relaciones laborales, que afectan de manera tan profunda el futuro del país y su desarrollo, y que debieran haber sido motivo de una consulta respetuosa y profundamente democrática entre todos los sectores involucrados. En este caso estamos ante la intención de un albazo legislativo.

Con esta iniciativa, Calderón saca a relucir en todo su esplendor su odio infinito a la clase trabajadora, donde incluso vendría a perjudicar, de aprobarse su propuesta, a los sindicatos corporativos oficialistas, que han obedecido sus consignas sin cuestionarlas. Mal les paga.

Pero en muchos otros temas, que en el sexenio que está por terminar este gobierno conservador no pudo resolver por evidente ineptitud, por no haber preparado adecuadas estrategias o por haberse lanzado a ciegas a una supuesta solución, también está queriendo dejar herencias que la nueva administración no tiene por qué atribuirse. Dice el viejo dicho: Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Que no es el caso estricto de las decenas de miles de personas que han perdido la vida en la equívoca y errónea guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, a la cual no se le ve el final y que el actual gobierno feneciente pretende que asuma como responsabilidad central el que le seguirá a partir del primero de diciembre de este año. Las decenas de miles de muertos son responsabilidad del gobierno de Felipe Calderón. Lo cual significa que, simplemente, Calderón se pretende lavar las manos con el gobernante que lo sustituirá, con actitudes por completo irresponsables y faltas de seriedad republicana, propias del peor de los caudillajes autoritarios que haya habido en la historia.

Esto es solamente en el aspecto de la seguridad pública, pero en el campo social, como en la lucha contra la pobreza, la seguridad social, el financiamiento al campo y a las industrias, el educativo, o en lo económico como el financiero, la equitativa redistribución fiscal y el impulso a las industrias medianas y pequeñas generadoras de empleos, los pendientes son tantos que tal pareciera que este gobierno quién sabe qué anduvo haciendo estos seis años que no tuvo el talento ni la madurez para hacer algo más importante que sólo tratar de perpetuarse en el poder con estrategias mediáticas y de pura apariencia, sólo para llenar la imagen, pero que no alcanzan a cubrir la terca realidad, que no es la de sus optimistas o maquilladas declaraciones.

De hecho, se trata de que están dejando minas explosivas por todos lados, las mismas que se llevan a tantas vidas después de terminadas las conflagraciones bélicas. Al pueblo mexicano y al nuevo gobierno, los anteriores les están dejando un México como campo minado. Igual o más letales son las bombas que se dejan sembradas en los campos de combate bélicos que las que se dejan en la arena política y social de los países.

Depende de las nuevas autoridades el que puedan discernir cuál debe ser su compromiso ante esas tremendas fallas e irresponsabilidades, que la administración que iniciará en diciembre próximo no puede ni debe asumir como propias, si actúa conforme a derecho y a una estricta lógica política y moral, tal como se desea que los nuevos gobernantes vayan a actuar a lo largo de los tiempos siguientes. Nada sería más nocivo para la República que el día de mañana se asumieran las tareas pendientes del gobierno anterior como si fueran las propias, cuando este no es ni debe ser el caso, tanto por decencia administrativa como, sobre todo, por ética política.

Las muestras de inconformidad y coraje que se perciben en amplias capas del pueblo en la actualidad se magnificarían a grados insospechables si la nueva administración las asumiera como pendientes propios y no del gobierno que lo antecede. De asumir como propias esas deudas sociales, seguramente se generará un mayor empobrecimiento popular y una mayor depresión colectiva hasta llegar a sumir al país en un fracaso mayor.

El nuevo gobierno tiene que cobrar conciencia de que México está frustrado e indignado, y que seguramente lo expresará con muchas formas de inconformidad y coraje ante tanto abuso y explotación. Que a nadie le quepa ninguna duda. Las nuevas autoridades están políticamente obligadas a actuar con pies de plomo en el campo minado que las anteriores administraciones le están dejando.