Al afirmar que un juicio contra Ernesto Zedillo en Estados Unidos podría afectar las relaciones entre ambos países –argumento utilizado para pedir a Washington inmunidad en favor del ex presidente–, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) incurre en un acto de cinismo que sólo busca perpetuar la impunidad en la matanza de Acteal, afirmaron integrantes de organizaciones sociales.

Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, consideró que los argumentos de la cancillería son desproporcionados y de nula congruencia. La inmunidad otorgada no exime de responsabilidades al Estado mexicano, y eso es importante subrayarlo, porque se puede pensar ahora que nadie fue responsable por el asesinato de 45 niños, hombres y mujeres indígenas el 22 de diciembre de 1997.

Señalar que la demanda civil contra Zedillo en suelo estadunidense podría violar la soberanía del país es una burla más a las víctimas de la masacre de Acteal, porque varios documentos comprueban la injerencia de militares extranjeros en cursos de contrainsurgencia a las fuerzas mexicanas de seguridad, añadió.

Al mismo tiempo, hay una gran cantidad de empresas trasnacionales que explotan la riqueza natural del país de forma insustentable, sin que las autoridades mexicanas hagan algo por impedirlo. Nos extraña entonces que digan esto con todo cinismo, cuando hay muchos elementos para comprobar que se ha violado realmente la soberanía en otros aspectos.

La concesión de la inmunidad, por otro lado, demuestra que también el gobierno de Estados Unidos participó en el diseño y la aplicación de la estrategia de guerra de baja intensidad aplicada en Chiapas, por lo cual es necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –con Emilio Álvarez Icaza como secretario ejecutivo– atraiga el caso y lo investigue.

Camilo Pérez Bustillo, integrante del capítulo mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos, indicó por su parte que la inmunidad otorgada por el gobierno de Barack Obama equivale a un cheque en blanco en favor de la impunidad, porque implica anular el derecho de las víctimas a la justicia y refuerza la impresión de que el derecho sólo existe para los poderosos.

Barbas a remojo

Además, el hecho de argumentar que la demanda contra Ernesto Zedillo sería violatoria de la soberanía deja ver la existencia de un doble rasero. ¿Por qué los convenios internacionales de derechos humanos pueden vulnerar la soberanía, pero los de libre comercio no? Es una gran incongruencia y demuestra que Felipe Calderón está poniendo sus barbas a remojo ante la posibilidad de que se presente una demanda contra él al dejar el cargo, aseveró el activista.