La situación que atraviesa el país en estos momentos es la más difícil de su historia debido a los altos índices de inseguridad, por lo que es necesario unificar los esfuerzos en la sociedad para el fortalecimiento de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, coincidieron la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, y la procuradora general de la República, Marisela Morales.

Hay una crisis de seguridad debido a la cada vez más dura y acérrima lucha contra el crimen organizado y esto hace no solamente necesario, sino urgente tomar acciones para recobrar la paz social que anhelamos todos los mexicanos. Desde luego, tomando medidas drásticas por parte del Estado pero en el marco siempre de un Estado Constitucional democrático y social de derecho, bajo el balance de las medidas institucionales que le permitan al Estado operar y realizar sus funciones pero siempre bajo la tutela y protección de los derechos humanos de toda la población, señaló Sánchez Cordero.

Durante su participación en la presentación del libro Criminología: factores criminógenos y políticas públicas para la prevención de las conductas antisociales, en la Universidad Iberoamericana, la ministra dijo que la recomposición social que tenemos frente a nosotros y que tanto necesita el país no es algo fácil, tampoco a corto plazo, sino que requiere de un gran esfuerzo y de la participación de todos los autores políticos y sociales de todos los niveles.

En ese sentido, Marisela Morales pidió unir todos los esfuerzos para combatir la criminalidad. No debemos ni tenemos que perder la esperanza intrínseca de tener una sociedad más justa y cada vez más libre. La sociedad, acotó, tiene la obligación ética y moral de contribuir con la autoridad para combatir la delincuencia, y nosotros como autoridades la responsabilidad legal ineludible de proporcionar la seguridad y justicia a los ciudadanos.

Reiteró que el acercamiento con la sociedad es indispensable para procurar justicia. No concibo una procuración de justicia alejada de la ciudadanía. La participación activa de la sociedad en el combate a la delincuencia es fundamental y juega un papel determinante para lograr el Estado de derecho que reclaman todos los mexicanos, manifestó.