La decisión del gobierno de Venezuela de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, priva a los venezolanos de la protección que ésta brinda para la defensa de sus derechos fundamentales, pero evidencia también que hay cosas del sistema que conforman la comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no funcionan bien, afirmó el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo.

A México le preocupa la decisión soberana de Venezuela de separarse, nuestra esperanza es que reconsidere, en el año que corre a partir de la notificación presentada hace tres días y cuando surte efecto. Es un síntoma de que algo anda mal, hay cosas que han ocurrido y que irritaron a algunos estados. Es peligroso y preocupante tanto como lo es que Canadá y Estados Unidos no se incorporen al tratado, convino en entrevista con La Jornada.

A unas horas del comienzo en las instalaciones de la cancillería de la reunión sobre Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a la que asisten funcionarios de alto nivel de los países miembros, Gómez Robledo explicó que una de los objetivos es revisar algunos procedimientos que han mostrado deficiencias.

Entre ellos los requisitos procesales para tramitar casos y peticiones; medidas cautelares, algunas de las cuales han sido criticadas por los países miembros en su fundamentación jurídica e instrumentación; bajo qué criterios la comisión coloca a un país en el llamado capítulo cuarto de su informe anual por considerar que determinado Estado requiere observación especial en materia de violación a los derechos humanos, criterios que han sido cuestionados.

Algo pasó que hizo que la confianza se fracturara, la reconsideración de Venezuela pasa por restablecer la confianza en un sistema que en su momento apoyó de manera entusiasta un gran abogado venezolano, ex presidente de la corte, Carlos Ayala. La comisión tuvo un papel muy importante en la transición venezolana, además de que fue del interés del presidente Hugo Chávez visitar primero el edificio de la comisión en Washington, antes que el de la OEA, como marcaba el protocolo, aseveró.

El embajador mencionó que en la actualidad, el Estado mexicano tiene 250 casos abiertos en la comisión y ha tenido siete en la corte, a consecuencia del mayor conocimiento que de este sistema tiene la sociedad civil.

El primero no prosperó porque los hechos ocurrieron con anterioridad a la aceptación de la competencia de la corte por parte de México; el caso Castañeda que ganó el Estado; el caso Rosendo Radilla; el de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; el de Inés Fernández y Valentina Rosendo y el conocido como Campo Algodonero, en los que México fue condenado por violaciones a los derechos humanos y se encuentra en etapa de cumplimiento de esas sentencias.

Todos los casos que se elevan a la corte sin excepción son situaciones en las que hubo una afectación personal de gravedad considerable en los que el afectado no encontró justicia en su país. México ha logrado en muchos casos soluciones amistosas con el acuerdo de las dos partes; ha habido casos difíciles, algunos involucran a las fuerzas armadas y los hemos resuelto. Ahora estamos avanzando en la garantía de los derechos humanos en México, para que nuestro sistema de justicia funcione mejor y haya menos casos en la corte.