San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 de septiembre. La organización Las Abejas, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997, afirmó que como la inmunidad otorgada por el gobierno de Estados Unidos al ex presidente Ernesto Zedillo no es universal, el colectivo seguirá los caminos de la búsqueda de la justicia, ya que un hecho tan atroz no debe de ser olvidado ni ocultado.

La masacre de Acteal es un crimen de Estado de lesa humanidad producto de la estrategia de contrainsurgencia que el gobierno mexicano aplicó para contrarrestar las fuerzas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la que Zedillo es responsable jurídica, política y éticamente, por lo que un día el ex mandatario será juzgado, agregó la organización en un comunicado dado a conocer en conferencia de prensa.

Hecho atroz que no debe ser olvidado

En ese acto, efectuado en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), al que asistieron sobrevivientes de la matanza, Las Abejas sostuvo que siguen los caminos de la búsqueda de justicia, ya que un hecho atroz no debe ser olvidado ni ocultado, aunque sus cómplices y los dueños de la muerte lo protegen.

Continuará el camino legal y jurídico ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, para que el ex mandatario sea juzgado. La inmunidad sugerida para Zedillo no aplica, no es aceptable bajo cualquier circunstancia, subrayó.

La agrupación agregó que la inmunidad “es una falta de respeto hacia la humanidad y a los derechos humanos, pues se permitió que un criminal de lesa humanidad se libre de un juicio.

Quien estaba detrás de la estrategia contrainsurgente por la cual fueron muertos nuestros 45 hermanos era Estados Unidos (...) por lo que cuando supimos que Zedillo era acusado en una corte de Estados Unidos sabíamos que no iba a ser juzgado, pues los crímenes que cometió durante su sexenio beneficiaban al gobierno gringo.

La masacre constituye un crimen de Estado, por lo que el juicio no recae sólo en Zedillo, que debe de responder, sino toda su cadena de mando en ese sexenio, como son el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro; el ex secretario de Gobernación Emilio Chuayffet, y el ex comandante de la séptima Región Militar Mario Renán Castillo, entre otros.

Insistió en que el asesinato de los 45 tzoziles no debe reducirse a un conflicto intercomunitario, como lo sostuvo Zedillo días después de la tragedia, y tampoco como un enfrentamiento, porque nuestros compañeros que fueron muertos mientras hacían penitencia por la paz y la justicia no estaban armados.

El Frayba, por su parte, manifestó que Zedillo tiene responsabilidad histórica, política, penal y moral en la matanza.

Aseveró que el juicio contra el ex presidente en Estados Unidos no es por la justicia de la masacre, pues los demandantes anónimos y los promotores del caso en New Haven, Connecticut, sólo buscan la responsabilidad civil y la reparación monetaria con intereses políticos fácticos inciertos en una supuesta demanda de justicia”.

El juicio, agregó el centro de derechos humanos, es una acción simulada que hasta el momento ha dado resultado en el otorgamiento de la inmunidad diplomática por parte del gobierno de Estados Unidos al responsable intelectual de la masacre.