La iniciativa de reforma laboral que presentó el presidente Felipe Calderón es más agresiva que las propuestas en su momento por los ex secretarios del Trabajo Carlos Abascal y Javier Lozano, pues obstaculiza la firma de contratos colectivos de trabajo, protege a los sindicatos de protección, facilita que los patrones puedan despedir sin liquidaciones a los trabajadores e incluso les quita la obligación de entregar personalmente el aviso de rescisión y anula la estabilidad en el empleo, entre muchas otras violaciones.

Este proyecto de reforma, además, le da instrumentos al gobierno federal para que se entrometa en la vida de los sindicatos, y establece que, por ejemplo, si una huelga rebasa 60 días, el patrón o la representación gubernamental pueden solicitar el arbitraje obligatorio, es decir, las autoridades o el gobierno mismo calificarían si sigue o no el paro, lo que es inaudito en la historia del derecho laboral.

En conferencia de prensa en el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), los abogados Manuel Fuentes y Rodrigo Olvera hicieron un análisis sobre las principales implicaciones que tendría el proyecto propuesto por Calderón. Apuntaron que dicha iniciativa sería el tiro de gracia a la democracia, ya que al presentarla como preferente el mandatario pretende impedir que se tome en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados y que no se discuta ni analice suficientemente, sino que se imponga.

Fuentes indicó que dicha reforma busca romper la bilateralidad, que sea al patrón quién de manera unilateral imponga las condiciones laborales, que se puedan eternizar los contratos eventuales; acaba con el derecho por antigüedad y da entrada a que haya mayor número de accidentes de trabajo. Según indicó, en este proyecto se modifican 299 artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), de los cuales 185 son reformados, 72 adicionados y 44 derogados. En total se modifica 65 por ciento de los artículos de la LFT, puntualizó el experto en derecho laboral.

Olvera, del Cereal, indicó que es preocupante el elevado número de medidas regresivas que contiene esa iniciativa, las cuales resultan incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales que firmó el Estado mexicano, relacionadas con los derechos humanos.

Observó que el ataque a la estabilidad en el empleo que propone este proyecto, se da tanto por el asunto de nuevos esquemas laxos de contratación, pero también porque se facilita el despido.