El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, advirtió que la comisión nacional anticorrupción que propone crear el presidente electo, Enrique Peña Nieto, debe convertirse en una instancia autónoma que investigue y persiga los delitos vinculados con la corrupción y, al mismo tiempo, se haga cargo de las sanciones (penales y administrativas) en los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, señaló que el equipo de Peña Nieto aún no presenta ningún documento oficial sobre la creación de esa comisión, por lo cual se desconocen sus alcances y si hay duplicidad o injerencia con las funciones de la ASF.

–¿Qué opina de la iniciativa anticorrupción de Peña Nieto?

–No la conozco. ¿Alguien la conoce? No hay un documento oficial; nos basamos en lo que se dice en la prensa. Hay que conocer la propuesta, analizarla de manera seria y formal, y tomar la opinión de quienes tienen suficiente conocimiento.

En entrevista, tras participar en el debate sobre el tema organizado por la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) –de la cual la ASF forma parte–, Portal afirmó que el actual diseño institucional de combate a la corrupción no es efectivo y no se tiene avance, porque muchos de los organismos que deben sancionar son juez y parte; no hay un castigo efectivo.

Conviene que (la comisión) sea autónoma. Si no hay sanciones la corrupción continúa. Hay que buscar las causas que provocan la corrupción, que es estructural y sistémica en muchos casos; hay que ir a las raíces y no enfocarse en el ataque de los actos consumados.

Sobre las auditorías internas efectuadas por la Secretaría de la Función Pública, afirmó que deben revisarse y realizar un adecuado proceso de evaluación sobre los riesgos de corrupción dentro de cada entidad del sector público.

Durante su participación en el foro, consideró necesario tomar en cuenta las sugerencias de la RRC (conformada por 64 organismos, entre ellos universidades, el Ifai e institutos de transparencia del país, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asociaciones civiles).

Dichas sugerencias son: dar autonomía constitucional al Ministerio Público, crear un área especializada de la Procuraduría General de la República para la investigación y persecución de los delitos que menoscaben el patrimonio público, y formar una instancia jurisdiccional especializada para desahogar responsabilidades administrativas, entre otras.

De la iniciativa de reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, enviada por el presidente Felipe Calderón al Congreso, afirmó que varios de los artículos que propone son semejantes a los vigentes, como los relativos a la transparencia del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos a estados y municipios, así como la claridad de los pagos de servicios personales realizados con recursos de diversos fondos.

Anotó que la operación de dichos fondos debe definirse en un ordenamiento legal diferente, incluso a la propia Ley de Coordinación Fiscal, aspecto ya propuesto por la ASF.

Aunque la iniciativa del Ejecutivo contiene aspectos que en principio son positivos, habría que evitar la duplicidad de conceptos regulados en otros ordenamientos legales, por lo cual se debe llevar a cabo un análisis para armonizar todas las disposiciones, sugirió.