s evidente que urgen cambios en la vida pública de nuestro país. Las cifras del mediocre crecimiento económico, del elevado subempleo, del crecimiento del trabajo informal, del incremento de la pobreza, así como del número de muertos entre la población, por causa de la violencia y de la errada política para combatirla, son sólo algunas de las muchas razones que pueden darse en apoyo de la urgencia del cambio.

El drama, sin embargo, es que cuando más urgen los acuerdos, más distantes se les ve. Una perspectiva insistirá en profundizar las estrategias que se iniciaron a mediados de los 80 y condujeron a la dramática e indignante situación actual. Desafortunadamente es la perspectiva de las propuestas de quien ocupará el primero de diciembre la titularidad del Poder Ejecutivo.

Encubiertas bajo la expresión de reformas estructurales, pero que en realidad no modifican ni la estructura productiva ni la social, se proponen más de lo mismo: abaratar el precio del trabajo, suponiendo que eso será suficiente para atraer inversión extranjera productiva; reformas fiscales que gravan más el consumo de las grandes mayorías que las utilidades; abrir las puertas a la inversión extranjera en el petróleo, sin tener una estrategia para fortalecer la autonomía de la nación; dar atención médica y pensiones precarias de retiro a toda la población, eliminando aspectos fundamentales de la seguridad social, como la vivienda. Todas ellas modificaciones que acentuarán la desigualdad y la exclusión social.

Hay, por supuesto, propuestas que se encaminan en otra dirección. Un ejemplo de ellas son las que se expresan en el llamado que hiciera el Movimiento Nacional por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, para suscribir la convocatoria a un frente social amplio. En ese llamado, publicado en La Jornada el 27 de agosto, dicho movimiento señaló: “Es ya el momento para que la ciudadanía defina lo que sí quiere y lo que no quiere de las próximas políticas públicas. De lo contrario prevalecerá la opinión de los grupos de interés que encubren sus ansias desmedidas de ganancia bajo la propuesta de las mal llamadas ‘reformas estructurales’, presentadas por los monopolios comunicativos como si fueran la aspiración de todo el pueblo. Nada más falso que eso.”

El primer paso tiene que ser efectivamente el que desde la ciudadanía hagamos oír nuestras voces, pues el interés nacional no se puede definir por unos cuantos, aunque sea una minoría la que disponga de una inmensa parte de la riqueza. Sabemos sin embargo que las voces de los ciudadanos son múltiples, y que urge por ello un esfuerzo de acercamiento entre sus distintas expresiones. Sabemos igualmente que sus propuestas no son muy distantes. Que más bien lo que separa es el pasado de agravios mutuos y desencuentros. Que debieran posponerse en aras de un avance de toda la sociedad. Particularmente el de las mayorías, que han padecido décadas en las que ni se ha visto ni se ha oído la desesperación de las multitudes. Sabemos también que no basta con rechazar, sino que es necesario además proponer.

A ello se debe que el llamamiento del movimiento realice propuestas de reformas viables en la seguridad social, para alcanzar su universalización sin sacrificio de lo que ahora se tiene, así como propuestas de reforma laboral para democratizar el mundo del trabajo, y propuestas para rescatar al campo, entre muchas otras.

Llama la atención que después de presentarlas introduzca la necesidad de dos reformas más que no están en la agenda oficial: Todo lo anterior sólo será posible con una reforma política estructural, que sustituya al obsoleto presidencialismo con una verdadera división de poderes que ponga en el centro a los ciudadanos, para que todos nos beneficiemos de la acción pública, y no sólo los monopolios. Urge recuperar los medios de comunicación como bien público. Que no sean propiedad privada de una oligarquía, ni instrumento de chantaje político, sino espacios de expresión de toda la sociedad.

Efectivamente, dentro de las reformas estructurales se ha omitido significativamente la reforma del poder político y la de los medios de comunicación social. Elementos constitutivos, tanto de las políticas públicas como de la opinión ciudadana, y que en el pasado reciente hicieron evidente el déficit de democracia que tienen y que todos padecemos. No podemos cambiar las políticas sin cambiar la política. Ni podemos construir acuerdos entre la ciudadanía si no podemos comunicarnos.

Sabemos que hay cambios que ya se empiezan a dar en los partidos políticos. Acción Nacional se replantea su actuación para salir de su profunda crisis. La izquierda ha permanecido unida, y el cambio de militancia de quien fue su candidato a la Presidencia, anunciado el pasado domingo, abre por supuesto preocupaciones, pero también oportunidades de renovación y encuentro de formas innovadoras de hacer política.

Sin embargo, todos estos cambios sólo impactarán en el futuro del país si se asume como horizonte la garantía de todos los derechos de la población, agraviada de múltiples maneras. Hay que hacer muchos ajustes para que las diversas formas de expresión social y civil tengan la capacidad de hacerse oír. Parece que se ha iniciado el camino. Urge acelerar el paso. Hay un ajuste básico que el próximo gobierno tendría que hacer para beneficiar la vida pública: oír a la población en su diversidad, y no sólo a aquellos que le dirán lo que quiere escuchar. Pero sobre todo ser consecuente con el resultado del diálogo. Hay muchas cosas que cambiar, todavía es posible hacerlo de manera pacífica.