Jueces advierten que empeorará el rezago de expedientes por falta de recursos y personal
Lunes 17 de septiembre de 2012, p. 39
Guadalajara, Jal., 16 de septiembre. La disputa por el control del Poder Judicial de Jalisco provocó una deficiente impartición de justicia, señalaron jueces que se quejan de malos sueldos, falta de equipo y personal y del rezago de expedientes, que aumenta cada año.
El ex presidente de la Asociación de Jueces de Jalisco, Miguel Valenzuela González, dijo que mientras los magistrados y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Celso Rodríguez González, tienen sueldos que van de 150 mil a más de 200 mil pesos mensuales, en los juzgados el personal debe llevar computadoras propias para sacar el trabajo, el cual se incrementará, pues la Federación dejó a las autoridades estatales los procesos por narcomenudeo.
El juez responsabilizó a Rodríguez González de que los trabajadores del Consejo de la Judicatura vean amenazado 30 por ciento de sus ingresos para pagar impuestos retrasados que el presidente del STJE no descontó en su momento y ahora, tras recibir una multa del Sistema de Administración Tributaria, quiere deducir hasta pagar los 100 millones de pesos que se deben por la sanción y por otras obligaciones que no se han cubierto en seis años.
Alfonso Partida Caballero, uno de los tres consejeros de la judicatura nombrados hace un par de meses por el Congreso local –contra quienes Rodríguez González presentó una controversia constitucional para impedirles ocupar el cargo–, denunció la semana pasada los problemas financieros del Poder Judicial.
Sin embargo, según el Colegio de Abogados de Jalisco, la denuncia forma parte del cochinero creado por Raúl Padilla López (ex rector de la Universidad de Guadalajara) por conducto de Alfonso Partida Caballero y algunos allegados de Raúl Padilla que ya cobran en el Consejo de la Judicatura
. También acusaron al senador panista José María Martínez Martínez de estar en contubernio
con Padilla.
El presidente del STJE es cercano al gobernador Emilio González Márquez. Ambos coincidieron en 2011 en que el Consejo de la Judicatura debía desaparecer por inoperante y corrupto
.