El borrador de la propuesta de Enrique Peña Nieto para la creación de la comisión nacional anticorrupción que fue distribuido entre los senadores priístas plantea modificar nueve artículos constitucionales, entre ellos el 102, para incluir en la Carta Magna que la investigación de los delitos relacionados con actos de corrupción en los tres niveles de gobierno, así como de particulares, corresponderá a la nueva comisión, que será un órgano del Estado con carácter autónomo.

Se precisa que la comisión podrá actuar mediante denuncia o de oficio, y se subraya que en caso de los delitos relacionados con actos de corrupción, la prescripción en ningún caso será menor a diez años. Los otros artículos de la Constitución que se reforman son: 21, 73, 76, 89, 105, 110, 111 y 134. Dicha comisión, se plantea, estará integrada por cinco comisionados, “quienes gozarán de la misma remuneración que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para el nombramiento de los comisionados, el Ejecutivo presentará la propuesta al Senado, el cual hará la designación por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo de 30 días, previa comparecencia de la persona propuesta.

Los comisionados, se indica en el borrador, permanecerán en sus cargos siete años sin posibilidad de relección. En la exposición de motivos se argumenta que la corrupción es uno de los mayores retos para cualquier sistema político democrático; y hacer realidad la rendición de cuentas es uno de los desafíos más importantes de nuestro país.

Abunda que la corrupción es asunto que impone importantes costos y significa un lastre para el desarrollo. En la economía, la corrupción incrementa los precios de bienes y servicios, y éstos resultarán de menor calidad. Además reduce la efectividad de las políticas públicas y estimula a las empresas para que actúen en el sector informal de la economía y desestimula la inversión extranjera.

Refiere que las prácticas corruptas desaceleran o frenan el crecimiento económico: provoca colusión de proveedores o pago de comisiones para adjudicar proyecto públicos y propicia sobornos para tolerar declaraciones falsas de impuestos o para adquirir maquinaria cara e innecesaria, entre otras.

Se hace referencia en el borrador de la iniciativa a que Transparencia Internacional ubica a México en la posición 100 de 183 países con calificación de 3.0, donde 0 es la mayor y 10 la menor percepción de corrupción. Dicha calificación, se subraya, es la peor en 10 años.

Con las reformas propuestas a la Constitución se indicará que los comisionados serán sujetos a juicio político y, para proceder penalmente en su contra, las Cámara de Diputados deberá hacer la declaración de procedencia, en los términos del título cuarto de la Constitución. El comisionado presidente de la comisión nacional anticorrupción será nombrado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres años, sin posibilidad de relección.