l pasado jueves 13 de septiembre, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, compareció ante el pleno del Senado para hablar sobre la política exterior de México, en el marco del análisis del sexto Informe de gobierno de Felipe Calderón.
La secretaria tuvo que enfrentar dos cuestionamientos a la solicitud hecha por el gobierno mexicano a Estados Unidos de otorgar inmunidad a Ernesto Zedillo por su responsabilidad en el asesinato de 45 indígenas en Acteal, en diciembre de 1997. Apenas unos días antes, la cancillería mexicana había hecho pública la copia de la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos, después de cuatro resoluciones del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
En el aire estaban también las palabras del ex mandatario mexicano al enterarse de la decisión del gobierno de Estados Unidos a su favor. El ex mandatario declaró, no a un periódico mexicano sino al Yale Daily News, que la demanda en su contra por el caso Acteal es falsa y calumniosa, y se dijo complacido por que el Departamento de Estado haya sugerido a la corte concederle inmunidad.
Como han señalado los familiares de las víctimas organizadas en Las Abejas, Acteal fue un crimen de Estado en el que tuvo responsabilidad directa Ernesto Zedillo. Fue una matanza que sigue esperando justicia. Es una herida abierta. Por eso sorprende que en la comparecencia de la canciller los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que tomaron la palabra en la tribuna no hayan dicho nada sobre el asunto.
Se ha señalado que detrás de la demanda presentada contra Ernesto Zedillo en Estados Unidos puede haber intereses ajenos a los de las víctimas. Aunque sea cierto, eso no puede ser pretexto para que un partido que se dice de izquierda no condene clara y contundente a Ernesto Zedillo por su responsabilidad en un asunto tan vital para el tema de los derechos humanos en México. La masacre de Acteal va más allá de la demanda presentada en Estados Unidos. La solicitud de otorgar impunidad al ex mandatario no es una cuestión cualquiera.
Sólo dos legisladores de otros partidos cuestionaron a la canciller. Uno fue el petista David Monreal Ávila. La otra fue Mónica Arriola Gordillo, senadora del Partido Nueva Alianza (Panal).
David Monreal hizo tres preguntas. Una: ¿en qué sentido hubiese afectado la relación bilateral entre México y Estados Unidos si el ex presidente Zedillo hubiera comparecido ante una corte estadunidense para aclarar su presunta responsabilidad en esos hechos? Dos: ¿por qué no se protege con la misma prioridad y celeridad a los 58 mexicanos condenados actualmente a muerte en Estados Unidos? Y tres: dicen que hoy por mí, mañana por ti. ¿La solicitud de inmunidad al ex presidente Zedillo por el actual gobierno no busca sentar un precedente inmediato para que el próximo gobierno haga lo mismo en la Corte Penal Internacional con el para entonces ex presidente Calderón, donde está pendiente una demanda por genocidio a causa de los más de 70 mil muertos reportados por la guerra contra la delincuencia?
Patricia Espinosa hizo malabares para justificar la posición de la administración de Felipe Calderón. “El ex presidente Zedillo –respondió– enfrenta un procedimiento de carácter civil, el gobierno de México no es parte de este procedimiento, y no hubo un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.
“El gobierno de México –dijo– lo que solicitó al gobierno de Estados Unidos fue que se ratificara la inmunidad del ex presidente con base en consideraciones de jurisdicción. ¿Por qué? Porque nos parece que no es aceptable que una ley estadunidense deba o pueda otorgar jurisdicción a los tribunales de un país para conocer demandas civiles, por actos cometidos fuera de Estados Unidos, y en los que no participaron ciudadanos estadunidenses.
Sobre esas bases, con estos argumentos, el gobierno de México presentó la nota que ya es del conocimiento público, y además, por supuesto, alegando que la costumbre de derecho internacional otorga inmunidad a los jefes de Estado ante tribunales extranjeros, por hechos en los que ellos hayan estado actuando en uso de sus responsabilidades como jefes de Estado.
Desde su escaño, Mónica Arriola, hija de Elba Esther Gordillo, señaló que, en este caso, México decidió anteponer su inmunidad soberana sobre el principio de jurisdicción universal en materia de derechos humanos. “Y –añadió– aunque si bien el Estado mexicano no debe permitir la vulneración de su soberanía o cualquier tipo de intervención sobre sus procesos internos y actos ocurridos en territorio nacional, habría que reflexionar en cuanto a si la relación entre México y Estados Unidos debe anteponerse a los compromisos adquiridos por nuestro país para garantizar, respetar y proteger los derechos humanos reconocidos a nivel internacional en los tratados signados.
“Por tanto –concluyó–, pongo en la mesa y a su consideración que actos como el señalado sigan ocurriendo, en tanto ponen en tela de juicio los preceptos y principios universales sobre los cuales hemos venido fundado nuestra democracia y reconocimiento hacia el exterior.” La canciller no respondió a la legisladora.
Curiosa ironía que un gobierno que ha entregado la soberanía nacional a Estados Unidos se escude en la defensa de esa soberanía para pedir impunidad a un ex mandatario mexicano juzgado por graves violaciones a los derechos humanos.
El hecho, sin embargo, no debe extrañarnos. A lo largo de los dos últimos sexenios, la alianza entre Ernesto Zedillo y los gobiernos panistas ha sido estrecha, tanto así que hasta parecen haber cogobernado. De paso, al velar por la impunidad de su antecesor, Calderón paga los favores recibidos y abre la ruta a su propia impunidad. Que el PRI no diga nada es normal. El ex mandatario es uno de los suyos, y su influencia es enorme dentro del equipo de Enrique Peña Nieto. Lo que genera todo tipo de interrogantes es por qué el PRD guardó silencio en un asunto tan delicado.
